El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó un Punto de Acuerdo a través del cual solicitan se practique una auditoría específica a la aplicación de los recursos públicos asignados al gasto de programas de comunicación social y de promoción y publicidad del gobierno del Estado de Guanajuato en los ejercicios de 2012 a 2018, así como los meses que han transcurrido del presente año.
La diputada Vanessa Sánchez Cordero leyó las consideraciones del documento y señaló que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser una realidad en Guanajuato, no un conjunto de acciones que promuevan la simulación en el gobierno estatal.
Dijo que en el 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había presentado un informe especial sobre la asignación y contratación de publicidad oficial del que resultaron irregularidades y observaciones para el Gobierno de Guanajuato, entre ellas: no establecer reglas, criterios y/o directrices para la contratación y asignación de publicidad oficial; no establecer procedimientos de evaluación y supervisión de la normatividad sobre la selección de los medios; hacer todas las contrataciones mediante adjudicación directa; no contar con un proceso de evaluación el gasto, por mencionar algunas.
La legisladora hizo referencia al punto de acuerdo que presentaron para que el gobernador informara qué acciones implementó para remediar los excesos reportados en el informe especial y del cual, afirmó, no se recibió la información que se solicitó de manera detallada.
“No hay transparencia ni rendición de cuentas en la manera en cómo se ejerce el gasto público en los programas de comunicación social, ni mucho menos en la promoción y publicidad que hacer el Gobierno del Estado de Guanajuato”, apuntó Sánchez Cordero.
La congresista consideró urgente el garantizar que el gasto en comunicación social cumplió con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como los límites y condiciones del presupuesto.
Finalmente, precisó que con la auditoría se clarificaría cada peso que se destinó al gasto de comunicación social, y si no fue así, se lleven a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa, civil o penal correspondientes.
“No vamos a permitir que se siga evadiendo este tema, y ni mucho menos que se siga utilizando el recurso público de manera discrecional y sin ningún límite o control”, concluyó la diputada.
El punto de acuerdo se turno a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
