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Los diputados locales que prometieron, hace apenas ocho meses, “guardar y hacer guardar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen”, fueron los primeros en violentar la norma que rige el servicio civil de carrera para beneficiar con contratos temporales a sobrino de diputado, familiar de directora y militantes panistas.
En los primeros seis meses del 2019, el Congreso de Guanajuato concretó 23 contratos temporales para personal en diferentes áreas institucionales. Cinco contratos, cuyos sueldos van desde los 31 mil hasta los 80 mil pesos brutos, fueron reservados para militantes panistas, entre ellos Fernando Antonio Acosta Cervantes, sobrino del actual presidente del Congreso, el diputado Juan Antonio Acosta Cano.
Otros cinco de los contratos fueron para personas que ya estaban en la nómina, pero los cambiaron de cargo con un nivel tabular mayor. En solo un año, Mariana Patricia González Díaz, hija de la directora de Tecnologías de la Información Patricia Díaz Sánchez, ascendió cuatro niveles en el tabulador que representó un aumento de sueldo por más de 15 mil 620 pesos brutos.
Los cinco contratos del 2019 que fueron destinados para militantes panistas son para puestos que tienen nivel tabular del 9 hasta el 14, éste último es un director A.
Ignoran Servicio Civil de Carrera
Con el aval de la comisión de Administración que preside el coordinador panista, Jesús Oviedo Herrera, la dirección general de Administración de Omar Mares Crespo hizo contrataciones temporales del personal brincándose las disposiciones del Estatuto del Servicio Civil de Carrera, que en su artículo 23 señala que toda vacante o plaza de nueva creación deberá ser concursada.
Para las 23 nuevas contrataciones se omitieron las convocatorias, aunque 10 de ellas son puestos que van de jefe de departamento a director con niveles tabulares superiores al 9, mismo que representa una percepción bruta de 31 mil 49 pesos.
I. Puestos de nueva creación o vacantes a concursar;
II. Fecha en que se desarrollará la etapa de inscripción;
III. Calendario de actividades para:
a) Verificación de requisitos;
b) Aplicación de exámenes;
c) Entrevistas, y
d) Notificación de resultados.
IV. Mecanismos para considerar la evaluación del desempeño, en su caso;
V. Mecanismos para asegurar la imparcialidad, objetividad y transparencia del concurso, y
VI. Mecanismos para garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de los instrumentos de evaluación.
La convocatoria deberá publicarse en los medios idóneos y notificarse a los servidores públicos por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que inicie la etapa de registro o inscripción al proceso de selección.
Sin embargo, en el portal del Congreso del Estado se confirma que durante los primeros meses de 2019 no se publicaron convocatorias para ocupar cargos.
Los contratos temporales autorizados por la comisión de Administración no exceden el ejercicio fiscal, porque así lo prohíben los Lineamientos de Disposiciones Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Congreso del Estado de Guanajuato.
En el artículo cuarto se deja abierta la posibilidad al director general de administración para que informe de los movimientos cuando “lo considere necesario” a la comisión de Administración.
Sobrino influyente
Con su tío como presidente de la mesa directiva del Congreso, Fernando Antonio Acosta Cervantes fue contratado como asesor B en la Unidad de Segumiento y Análisis de Impacto Legislativa con un sueldo bruto por 39 mil 213 pesos.
Fernando Antonio Acosta comenzó a trabajar en el Congreso el 5 de marzo pasado, es decir, 20 días después de que su tío, el panista Juan Antonio Acosta Cano, asumió la presidencia del Congreso.
Entre las funciones que tiene el sobrino del presidente del Congreso está el desarrollar modelos de evaluación para medir el impacto, eficiencia y eficacia de las leyes y decretos,
Fernando Antonio es uno de los cinco militantes panistas que consiguieron un contrato del Congreso local, con mayoría panista, durante los primeros meses del año.
Ana María Ramírez Razo, panista del municipio de León, fue contratada el 16 de mayo como coordinadora B en la dirección de Desarrollo Institucional con un sueldo de 52 mil 135 pesos brutos.
Antonio Álvarez Pacheco también está inscrito en el padrón de militantes panistas y fue contratado el 16 de enero como asesor B de la dirección de Mantenimiento con un nivel 10, que representa un sueldo mensual de 39 mil 213 pesos.
Diego Ceballos Saavedra es el panista de reciente contratación con el sueldo más bajo, aunque éste representa una percepción bruta de 31 mil 49 pesos mensuales como jefe de departamento A del Instituto de Investigaciones Legislativas.
La contratación para el cargo más alto en los últimos seis meses fue para el titular de la dirección de Desarrollo Institucional: José Julio González Garza, también militante del PAN, que llegó al lugar que dejó Claudia Vanessa Esqueda Méndez.
González Garza asumió la dirección de Desarrollo Institucional el pasado 16 de mayo. En el contrato se establece que recibirá un sueldo de 80 mil 918 pesos mensuales brutos, con funciones como: “proponer y aplicar normas, políticas y lineamientos en materia de administración de recursos humanos”, aunque para su contratación no se respetó la norma vigente para ocupar la plaza.
Ascenso de la hija de directora
Con un currículum que limita su experiencia en la función pública al año y medio que trabajó en el vecino estado de Querétaro como asistente del secretario de Seguridad Pública de Corregidora y como Psicológa del Instituto de Carrera Policial del mismo municipio, Mariana Patricia González Díaz llegó en el 2018 al Congreso de Guanajuato como promotora de la dirección de Desarrollo Institucional con un nivel 4.
Sin embargo, apenas un año después, la hija de la directora de Tecnologías de la Información fue ascendida cuatro niveles para ocupar el cargo de auditor en jefe de la misma dirección de Desarrollo Institucional.
Al ascenso implicó que su sueldo bruto pasara de los 12 mil 353 pesos a los 27 mil 973 pesos.
Para ocupar la plaza nivel 8, Mariana Patricia solicitó licencia para dejar las funciones de la plaza nivel 4 que tiene desde febrero de 2018. La licencia autorizada por la comisión de Administración a partir del 16 de mayo del presente año y hasta el 24 de diciembre de 2021, es decir, al término de la Legislatura.
Sin embargo, el contrato para ocupar la vacante nivel 8 está establecido del 16 de mayo al 31 de diciembre del presente año, porque de hacerlo por más tiempo se violaría el artículo cuarto de las Disposiciones Administrativas en Materia de Recursos Humanos.
Mariana Patricia es psicóloga con cédula en trámite, así lo refiere su currículum. En el ámbito privado trabajó como reclutadora para una empresa con sede en Querétaro y la Ciudad de México.
Patricia Díaz, directora de Tecnología de la Información y mamá de Mariana Patricia, llegó al cargo desde el 2002. Es militante panista desde el año 2011 según el registro nacional del partido político.
Otros de los trabajadores del Congreso que recibieron nuevos contratos para subir su nivel tabular son: Aldo López Ling Hernández que pasó del nivel 7 al 10 en la Contraloría Interna del Poder Legislativo.
En el caso de Eva Suaste Argote pasó del nivel 6 al 7 en la misma Contraloría Interna. Frida Sánchez Hidalgo dejó de ser auxiliar administrativa con nivel 5 en la dirección de Administración para pasar a jefe de departamento B con nivel 7 de la dirección de Contabilidad.
Antonio Acosta se autocalifica con un 9
Al asegurar que la mala percepción que tiene la sociedad sobre los diputados radica en el desconocimiento de las funciones que realizan, el presidente del Congreso de Guanajuato, el panista Juan Antonio Acosta Cano, autocalificó el desempeño propio y de sus compañeros con un 9.
El diputado de Acción Nacional aseguró que ponerse un 10 sería pecar de vanidosos, pero consideró que, comparado en el mismo periodo de otras Legislaturas, ha sido la LXIV la más productiva.
Juan Antonio Acosta consideró que es la sociedad la que no conoce a detalle el trabajo que realizan los legisladores locales y todo el proceso que lleva el crear o reformar una norma.
Expuso que durante el periodo que inició el 15 de febrero y terminará el próximo 27 de junio, se ha dado cuenta de 121 iniciativa, 247 dictámenes y 34 dictámenes.
El panista también presumió como un logro la toma de protesta del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, el pasado mes de febrero, y la llegada del también panista Jorge Jiménez Lona al Consejo del Poder Judicial.
Aseguró que el Congreso de Guanajuato sigue a la vanguardia a nivel nacional y se posiciona como uno de los mejores del mundo.
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