Soy Barrio/ La asociación Ciudadanos Hartos ha denunciado protección política por parte de los gobiernos de Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Collado Morcelo es conocido por desempeñarse como representante legal de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex). También estuvo detrás del divorcio entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera y fue guardaespaldas legal Raúl Salinas de Gortari.
El pasado 9 de julio, fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México y posteriormente vinculado a proceso por su presunta participación en una red de lavado de dinero, mediante la constitución de empresas fachada, suplantación de identidades, simulación de asambleas y compra simulada de inmuebles.
Dos días después del inicio del proceso penal en contra de Juan Collado, salió a la luz la denuncia con causa penal 269/2919, interpuesta por el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa . El documento revela que un personaje cercano a Oliva, de nombre José Martínez Tejada, fue el medio para relizar movimientos fraudulentos a través de Caja Libertad Servicios Financieros.
En la denuncia, Bustamante Figueroa manifestó que, a través de Martínez Tejada, se logró obtener contratos de obra pública sin mayor problema. Entre estas, mencionó la construcción del Palacio Legislativo de Guanajuato, así como obras relacionadas con caminos y terracerías.
El denunciante, dijo que José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad Servicios Financieros, llegó a solicitarle procesar créditos “al vapor”, con el objetivo de favorecer negocios personales.
Pero también llegó a girar instrucciones para “apoyar a Martínez Tejada a través de créditos puente obtenidos en empresas, algunas nuestras, ninguno que yo me acuerde de esos créditos, fueron pagados por Martínez Tejada”.
“José Martínez Tejada era una persona muy cercana al entonces gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, por lo que les era muy sencillo obtener obra pública (…) y por si fuera poco, ambos personajes y derivados de los créditos que no se pagaban, apartaban y se hacían llegar cantidades en efectivo para disfrute propio”.
Entre los negocios turbios, a través de créditos con Libertad Servicios Financieros, señala uno de 50 millones de pesos al Grupo Administrador de Nuevas Empresas S.A. De C.V, con el objetivo de operar en el sureste, un comedor para abastecer de comida a las sondas petroleras.
Lo anterior, lo hicieron a través de una empresa, con participación de varias personas, entre ellas Francisco Herrera, quien es director de El Sol de Irapuato de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
Un gobierno protector
Durante su sexenio, Juan Manuel Oliva invirtió mil 602 millones de pesos en la compra de un terreno de 933 hectáreas, donde se pretendía la construcción de una refinería. Las negociaciones para la compra del predio, fueron realizadas a través de una empresa, presuntamente fantsama, denominada Cereales y Pastas Finas.
Además, fue señalado por otorgar contratos millonarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sin licitar a familiares y amigos cercanos. Entre ellos la nuera de Elías Villegas Torres, líder moral del PAN en Guanajuato, quien recibió adjudicaciones directas por 160 millones de pesos para surtir desayunos escolares.
Por ambos casos, integrantes de Ciudadanos Hartos, presentaron denuncias penales que fueron prácticamente descartadas por no haber sido emitidas por órganos de control interno del gobierno del estado, relató Roberto Saucedo Pimentel, quien forma parte de esta organización y considera que existe una protección política de Acción Nacional hacia Juan Manuel Oliva.
“Al día de hoy sí tenemos como certeza fue un sexenio lleno de excesos que no fueron investigados, no porque no hubiera elementos, sino porque hubo una protección política para que la fiscalía, en ese entonces Procuraduría, pudiera investigar al gobernador, se necesitaba la denuncia de un órgano de control, porque es un requisito y nunca se pudo obtener ese tipo de manifestaciones de voluntad.
“Siendo Juan Manuel Oliva del mismo partido político que los dos siguientes gobernadores. Entre ellos hay una protección. Sí queda en entredicho acciones que sí se ejercitan pero únicamente en personajes de la opocisión. Ahora que se dio la detención de Bárbara Botello, parecía que se estaba atacando a la corrupción en forma frontal y no es que ella sea una blanca paloma. El problema es que no se le aplicó la misma regla a otros personajes pero del Partido Acción Nacional”.
De acuerdo con el activista, actualmente no existe un mecanismo para que los temas sean atraídos por instancias del nivel federal, toda vez que los recursos presuntamente manipulados por el exmandatario son de origen estatal. Sin embargo considera que esto puede resolverse mediante la autonomía constitucional de los órganos de control.
“La Fiscalía General de la República, no podría entrar a menos que fuera por disposición de recursos federales. La auténtica salida está en darle una autonomía constitucional a los órganos, tanto de fiscalización como de procuración de justicia, hoy la ASEG en su ley orgánica establece que es un órgano con autonomía técnica y de gestión, pero eso no es autonomía. No les da la posibilidad de actuar libremente. A la Fiscalía se le acaba de dar pero con un control político tremendo en la designación del fiscal”.
