Ocho regidores demostraron con pruebas contundentes que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz continúa pronunciando falsedades.

Ante los medios de comunicación y a través del portal web de Hacienda, ocho regidores demostraron que la lujosa camioneta que utiliza la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz era propiedad de la empresa super proveedora del municipio  “Soluciones Móviles Hidalgo” y ahora le pertenece a Jacqueline Romero Vázquez, empleada de la misma empresa que vendió 22 mil luminarias a 36 millones de pesos.

Esta mañana en rueda de prensa con ocho regidores pertenecientes al PAN, PRI, MORENA e independientes;  frente a los medios de comunicación estatales y locales transparentaron las facturas, mismas que demuestran a quién pertenece la camioneta que utiliza la primer edil.

Cabe destacar que el día 7 de mayo la empresa Soluciones Móviles Hidalgo facturó la camioneta a nombre de Jacqueline Romero Vázquez, empleada que percibe quincenalmente entre mil quinientos y dos mil quinientos pesos,  y que al parecer compró la unidad pero no se ha averiguado si la trabajadora ingresó a la cuenta fiscal de la empresa la cantidad de 2 millones 996 mil 400 pesos, cabe resaltar que si una empresa emite una factura, es porque el dinero está en la cuenta.

Según los timbrados CFDI que expide el SAT, la empresa Soluciones Móviles Hidalgo, emitió tres facturas el 7 de mayo, mismas que fueron canceladas el mismo día, a su vez se emitió una cuarta factura, la cual se encuentra vigente y es por un monto total de 2 millones 996 mil 400 pesos,  esto indica que el precio incrementó ya que Soluciones Móviles adquirió la Suburban a 2 millones 950 mil pesos.

Por lo anterior, todo indica que Beatriz Hernández Cruz continúa proporcionando datos inciertos ya que la información que mostraron los regidores es expedida por  es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.