Pleno del Congreso local aprobó, en sesión extraordinaria, reformas al Código Penal en materia de robo calificado.
Ahora, se considerará robo calificado si en la ejecución del robo se utilizan armas. Además, la sanción de prisión que corresponda se aumentará hasta ocho años. En el dictamen se señala que se entenderá por armas, además de las de fuego, no sólo los objetos o instrumentos destinados a atacar o defenderse, sino también los que, por su elaboración original o por su adecuación artificiosa, sean de potencial lesividad y se les dé igual aplicación que a aquellos.
Para hablar a favor del dictamen hizo uso de la tribuna el diputado Héctor Hugo Varela Flores, quien recordó que la iniciativa había sido propuesta por su grupo parlamentario con el objeto de contribuir a la reducción de la incidencia del delito de robo y robo con violencia, mediante la inhibición de la conducta de quienes perpetran ese ilícito a través del incremento de las sanciones punitivas.
El legislador detalló los hechos que los llevaron a presentar la propuesta legal y subrayó que no era que necesariamente quisieran privilegiar el incremento de las medidas punitivas como medio de contención de la conducta criminal pero que, por el momento, no encontraban otra medida que proponer un mayor castigo para quienes cometan ese ilícito apoyados por el amenazante uso de las armas.
“Reitero que no necesariamente somos de la idea de que a mayor pena menor incidencia; pero es tan urgente reducir la incidencia de robos en Guanajuato, que de momento no tenemos otra opción mejor qué proponer”, finalizó Varela Flores.
Otros asuntos
Como parte del orden del día, se aprobó por unanimidad, el dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz hizo uso de la voz para hablar a favor del dictamen e indicó que también en Guanajuato habían creado patria y riqueza, siendo una población que había sido ignorada e invisibilizada por siglos. Agregó que la negritud también estaba presente en la entidad, donde trabajaron en las minas y vivieron en la marginación y el olvido.
La legisladora afirmó que con el dictamen se hacía justicia y que era un logro para el pueblo de México y de Guanajuato, así como un motivo de orgullo que se pudiera reconocer a las personas y pueblos afromexicanos desde la Constitución Política federal y en el ámbito de las políticas públicas.
Detalló que con esta propuesta los afromexicanos contarán con el mismo reconocimiento que los pueblos indígenas, fomentando una identidad más arraigada. Asimismo, dijo que se venía a romper con una inercia de la historia del pueblo de México, que era la invisibilidad de los afromexicanos para ahora considerarlos como lo que son, pueblos existentes y no como antes se les veía.
“El Estado Mexicano está saldando una deuda de muchos años de discriminación, abusos y violación de los derechos humanos, pero, sobre todo, el habérseles negado un reconocimiento que les pertenece”, concluyó Rosales Cruz.
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