El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2015, presentado por el Ombudsman nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reveló que a pesar de acciones y recursos invertidos en los centros de reclusión por los tres órdenes de gobierno, el sistema penitenciario está lejos de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 18 Constitucional por lo que urge revisar y replantear este sistema, bajo un parámetro de derechos humanos.
Luis Raúl González Pérez
Presidente de la CNDH
En un comunicado emitido por la Coordinación General de Comunicación y Proyectos de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señala que día con día se violentan los derechos fundamentales de un gran número de mexicanas y mexicanos privados de su libertad.
“Debemos eliminar la falsa percepción que existe en algunas personas, en el sentido de que el respeto y vigencia de los derechos humanos es antagónico a la ejecución y cumplimiento de una pena privativa de libertad. Las y los internos están privados de su libertad, pero no de su dignidad como personas” manifestó el Ombudsman.
Foto: CNDH
El DNSP 2015 calificó las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios en una escala de 1 a 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21, los centros federales 7.36 y las prisiones militares 7.93.
Del total de 130 centros penitenciarios estatales visitados, en 104 centros se advirtieron deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados; en 92 casos se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 95 centros hay falta de personal de seguridad y custodia, y en 86 falta de prevención y atención de incidentes violentos, como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.
En 84 de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en 81 prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos en las áreas de: dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor.
Una constante en 75 centros es la falta de manuales de procedimientos para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, solicitud de audiencia con las autoridades, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como una deficiente difusión de la normatividad.
En 71 casos se observó deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y en materia de seguridad, lo que vulnera el control de la autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia dentro del mismo.
Un problema reiterado en 65 centros es la sobrepoblación y la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas. En 71 instituciones existe hacinamiento, en 73 hay áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
Foto: inionpuebla.mx
En cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias a los internos, existen deficiencias en el respeto del derecho de audiencia, la certificación de integridad física, la falta de notificación al interno y sus familiares, así como de atención adecuada por parte de las áreas técnicas y del servicio médico del Centro, durante el cumplimiento de la sanción, situación reportada en 58 de los centros visitados.
Por lo que hace a centros federales, en 16 de ellos se observó insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15 casos, deficiencias en los programas para prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales y de capacitación, y en 11, es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, advirtiéndose en 8 casos hacinamiento.
El presidente de la CNDH recordó que ha emitido en la presente administración 6 pronunciamientos sobre aspectos que reitera el DNSP 2015, que deben atenderse, al igual que la urgencia de concluir el proceso legislativo que emita la Ley de Ejecución Penal, con un perfil de derechos humanos que propicie la reinserción social.
Puntualizó que la implementación del sistema penal acusatorio permitirá agilizar los procesos y reducirá el número de personas privadas de su libertad sin pena impuesta, y se pronunció porque haya cuando menos un centro de reclusión femenil en cada entidad.
“Los hechos no nos permiten concluir que el sistema penitenciario esté plenamente organizado y opere sobre una base de respeto a los derechos humanos, en donde el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte sean los medios que logren la reinserción social de las y de los internos, previniendo que reincidan” refiere Luis Raúl González Pérez.
Por su parte la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, abundó sobre la metodología para la elaboración del DNSP 2015. Dijo que el DNSP 2015 se realiza mediante recorridos de supervisión, acompañados por las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, con la aplicación de guías específicas y entrevistas directas –a titulares, funcionarios e internos—, en las cuales se abordan y analizan cinco temas: Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno, y grupos de internos con requerimientos específicos.
