Tanto el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, violaron la ley por “adoptar” un bebé por un fin de semana del sistema de Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Capullos, ha revelado una reciente investigación federal.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, violaron la ley, por sustraer a un bebé del DIF Capullos, por un fin de semana, sin los permisos necesarios y sin fundamentos para poder realizar el resguardo del menor.
La dependencia señaló que la Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos del estado de Nuevo León, otorgaron el permiso para que el niño quedara bajo resguardo del matrimonio durante un fin de semana, como “medida especial”.
“Sin embargo, no se proporcionó evidencia que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información”, reza el comunicado emitido este lunes.
La PFPNNA reveló que no existe un proceso de adopción que involucre al niño, ni tampoco a la familia integrada por el mandatario estatal y su esposa, quien para el Director del Centro de Atención representa “una figura significativa”, motivo por el cual autorizó el permiso.
Lo anterior tras darse a conocer que el proceso legal por el que se concedió la salida del menor bajo responsabilidad de Rodríguez Cantú fue bajo el supuesto “medio alternativo de cuidado familiar”.
Mientras tanto la Procuraduría en Nuevo León dijo que desde hace tres meses el niño “recibe visita diaria por parte de la C. Mariana Rodríguez Cantú”, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias.
Pero acerca de la vulneración del derecho a la intimidad del niño, la entidad estatal sostuvo que el hecho de que la imagen del menor y sus datos personales hayan sido expuestos de manera masiva no representa una violación al derecho de intimidad.
Ante esto, el DIF Nacional ha solicitado definir las medidas de adopción para garantizar la protección del niño y cerciorarse de la adecuada aplicación de los medios de cuidado alternativo en el caso concreto y establecer las medidas que garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes a la intimidad y a la protección de sus datos personales.
“Es obligación de las autoridades del Estado mexicano implementar medidas que eviten la repetición de actos violatorios de derechos humanos y contribuir a la prevención de dichas violaciones, así como adoptar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos y se exponen las vías por las que se vulneran los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes”, pronunció la entidad federal.
