Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, fue asesinado a tiros la noche de este jueves, junto con uno de sus escoltas, en un ataque perpetrado por hombres armados. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
El atentado ocurrió cerca de la medianoche, cuando el edil regresaba a su domicilio en una camioneta blanca tipo Pickup. Al llegar a la calle Fuerte de Loreto, en la colonia Centro, fue emboscado por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.
En el lugar falleció el escolta del alcalde, identificado como Pastor Cortés Álvarez, mientras que Bastida fue trasladado con vida al hospital María Zendejas, donde minutos después se confirmó su deceso.
El gobierno municipal de Tacámbaro lamentó el hecho a través de redes sociales, calificándolo como un momento de “tristeza y reflexión”, y reiteró su compromiso con la paz y la seguridad. “Hemos solicitado apoyo a las instituciones correspondientes para que se haga justicia”, expresaron.
Tras el asesinato, autoridades estatales desplegaron un operativo especial de seguridad, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública y con apoyo de corporaciones federales. El objetivo es localizar a los responsables del crimen y garantizar el orden en la región.
El gobierno de Michoacán condenó el ataque y aseguró que colaborará con la Fiscalía para esclarecer el caso. La FGE, por su parte, ya inició las investigaciones correspondientes, incluyendo el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizar las necropsias de ley.
Bastida García, alcalde emanado del Partido del Trabajo, había sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de estar envuelto en controversias durante su gestión. En noviembre de 2024, su tesorero Raudel Campos Murillo renunció tras ser implicado en una investigación por trata de personas.
Este crimen se suma a una ola de violencia que ha sacudido a varios municipios michoacanos en los últimos meses, y deja nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios locales ante el crimen organizado.
