En el estado de Guanajuato, al menos nueve presidentes municipales han solicitado y continúan teniendo asignada protección por parte de la Guardia Nacional, lo que evidencia una grave falta de confianza en las estructuras de seguridad locales que deberían servirlos.Según la información recabada, cada uno de estos nueve mandatarios cuenta con alrededor de catorce elementos federales distribuidos en dos unidades de custodia, lo que representa un mínimo de 126 efectivos asignados exclusivamente a su protección personal. Además, en varios casos, las escoltas se extienden también a familiares de los alcaldes, sin que dichos recursos formen parte de patrullajes o acciones operativas en la seguridad colectiva.
El hecho de que un importante número de alcaldes consideren que solo la Guardia Nacional les brinda la seguridad necesaria coloca en evidencia la debilidad estructural de las policías municipales y estatales. Una voz vinculada al partido mayoritario en la entidad reconoció abiertamente que hay falta de confianza en los cuerpos locales de seguridad, lo cual desequilibra el contrato social entre autoridades y ciudadanos.
El fenómeno se enmarca en un contexto electoral reciente: durante los comicios del 2024, el asesinato de una candidata en el municipio de Celaya y la alta incidencia de solicitudes de protección para contendientes pusieron en alarma al sistema de protección institucional. En ese marco, Guanajuato concentró hasta el 50 % de las peticiones de resguardo a nivel nacional.
Más allá de la protección personal de los ediles, el problema de fondo radica en que la necesidad de recurrir a custodia federal es una señal clara de que la responsabilidad original del Estado, garantizar la seguridad, no está siendo cumplida con eficacia a escala municipal.
Esto plantea interrogantes sobre la estrategia de fortalecimiento de fuerzas locales y sobre los recursos destinados a la prevención y al combate de la delincuencia al nivel más cercano al ciudadano.
En definitiva, la imagen que se transmite es inquietante: en una de las entidades más golpeadas por la violencia, los servidores públicos terminan dependiendo de la protección federal para ejercer sus funciones, mientras la confianza comunitaria permanece maltrecha y la seguridad cotidiana de la población sigue vulnerable.
