En Guanajuato, bajo la promesa de “funerales gratuitos”, algunas funerarias y colectivos ofrecen servicios a los deudos, aunque en realidad los costos son cubiertos con recursos públicos destinados a la atención de víctimas.

En municipios como Celaya e Irapuato, organizaciones han gestionado velatorios, trámites y traslados, presentándose como benefactores, cuando en realidad los pagos provienen de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Las familias, en medio de la crisis emocional, aceptan el apoyo sin conocer que podrían acceder directamente a los beneficios sin intermediarios.

Se han documentado casos en los que se exige a los deudos entregar parte de los apoyos económicos que reciben, perpetuando un esquema de explotación. Ante ello, el gobierno estatal redujo el tope de los apoyos funerarios de 28 mil a 21 mil pesos y la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra falsos gestores.