Por unanimidad fue aprobado el dictamen para reformar  las   Leyes de Salud y de Educación del Estado de Guanajuato en materia de diagnóstico, evaluación y tratamiento del autismo.

Con estas modificaciones se busca atender de una mejor forma a los guanajuatenses que padecen autismo, mediante el acceso a un diagnóstico y a una evaluación clínica digna y que también reciban los tratamientos adecuados.

Las recientes reformas a la Ley de Salud, hacen posible que la Secretaría Salud se coordine con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior para promover la realización de estudios e investigaciones dirigidas al diagnóstico y tratamiento de las personas con la condición del espectro autista.

Así mismo, impulsa entre otras acciones, la vinculación con los centros de investigación de las universidades públicas o privadas y se promueven tanto políticas como programas para la protección de la salud integral de las personas con esta condición.

En cuanto a las modificaciones a la Ley de Educación, éstas reafirman el derecho de las personas autistas a recibir educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades y para que cuenten, en el marco de la educación especial, con elementos que faciliten el proceso de integración a escuelas de educación regular.

“Al aprobar esta iniciativa, abriremos la puerta para que las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, con la condición del espectro autista desarrollen plenamente su potencial, y ejerzan plenamente sus derechos. Esta es una cuestión de justicia y un deber de servicio hacia la sociedad guanajuatense”, refirió la diputada local, Sagrario Villegas.

En su pronunciamiento a favor del dictamen, la congresista dijo que como Congreso del Estado y como sociedad se tiene el compromiso de proteger los derechos de las personas con discapacidad, no sólo porque el país ha firmado instrumentos como el Tratado Internacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sino porque toda libertad y todo desarrollo sustentable implica necesariamente compartirlo con cada persona y familia.

La legisladora aseguró que se refrendará el compromiso de las autoridades municipales y estatales, para asegurar el respeto y ejercicio de los derechos de las personas con esta condición y se reconocen sus derechos a un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios, a recibir consultas clínicas y terapias de habilitación, a contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, entre otros.