Los niños llevados ilegalmente a Estados Unidos por sus padres no tienen derecho constitucional a que un abogado de un tribunal los represente en procedimientos de inmigración.

Lo anterior, de acuerdo a un fallo judicial emitido este lunes.

De esta forma, los jueces rechazaron la aseveración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y de grupos defensores de los inmigrantes de que los menores tienen derecho a contar con un abogado gratuito dentro del debido proceso como lo prevé la Constitución.

La novena corte de circuito de apelaciones estadunidense, con sede en San Francisco, confirmó una orden de deportación contra un niño hondureño que huyó junto a su madre de la violencia de las pandillas y que se presentó ante una corte migratoria sin abogado.

El fallo tiene lugar en momentos en que el Gobierno de Donald Trump busca realizar cambios en los procedimientos migratorios en los tribunales con el objetivo de acelerar las deportaciones.

Los acusados ante la justicia estadunidense tienen derecho un letrado designado por un tribunal y pagado por el gobierno. Sin embargo, los inmigrantes que afrontan la deportación generalmente no tienen un derecho constitucional similar.

Defensores de los derechos de los inmigrantes han criticado al gobierno por ejecutar procedimientos de deportación contra niños muy pequeños, sin abogados para el inmigrante presente.

El panel de tres jueces de la novena corte dictaminó, sin embargo, que el Congreso no ha extendido el derecho de asesoría gratuita a menores como el niño hondureño en este caso, que llegó al país en 2014, cuando tenía 13 años.

Existe un sistema que concede a los menores una audiencia justa, y obligar al gobierno a que provea abogados gratuitos redundaría en un gasto que llevaría al límite a un sistema de inmigración ya sobrecargado, explicó el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones.