La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informa que se vinculó a proceso a una persona por el delito de posesión de aves protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
En respuesta a una denuncia ciudadana la PROFEPA acudió a un establecimiento mercantil ubicado en el centro de Querétaro, donde ejecutó una visita de inspección. En la diligencia se encontraron aves protegidas de las que no fue acreditada su legal procedencia. La Procuraduría inició un procedimiento administrativo sancionatorio imponiendo el decomiso de los animales.
Asimismo, por constituir un posible delito del orden federal se presentó la denuncia correspondiente al Ministerio Público.
Tras una investigación sin detenido, se llevó a cabo la audiencia inicial en el proceso QRO/0038/2018, que estuvo a cargo del Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
El Juez de control reconoció la calidad de presentante de la víctima y parte ofendida de la PROFEPA, quien argumentó en debate público los hechos posiblemente constitutivos de delito cometido contra la biodiversidad previsto en el artículo 420 fracción IV del Código Penal Federal. El imputado al rendir su declaración aceptó los hechos que se le atribuyen.
El Juez de Control reconoció la importancia de la conservación de los Psitácidos, los cuales se encuentran en peligro de extinción, por lo que se logró la vinculación a proceso del imputado al propietario de dichos ejemplares.
Finalmente, se citó a las partes para el día 27 de febrero del 2018, a efecto de debatir respecto a las condiciones del procedimiento y la posible suspensión condicional del proceso.
Los loros, cotorros, pericos y guacamayas están seriamente amenazados, ya que el tráfico ilegal para el mercado de mascotas, así como la destrucción de su hábitat, son las principales causas del deterioro de sus poblaciones silvestres, por lo que la PROFEPA exhorta a la ciudadanía a no adquirir este tipo de aves, ya que está prohibida su venta desde octubre del 2008.
El artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal establece que el tráfico ilegal de ejemplares es un delito que se castiga con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, además de que se aplican de manera adicional una pena de hasta de tres años de prisión y multa de hasta mil días cuando las conductas descritas se realicen con fines comerciales.
