El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó mediante un comunicado que su fuerza política impulsará desde el Senado una reforma para impedir el acoso telefónico que sale de diferentes call centers, pues a pesar de que ya existen castigos contra la insistencia comercial de llamar a ciudadanos, lo cierto es que no ha logrado inhibir esta práctica, por lo que la apuesta es prohibirla.
El senador adelantó que la reforma que presentará Morena esta semana prohibirá expresamente que proveedores y empresas utilicen llamadas telefónicas, mensajes de texto a celular o mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios con fines mercadotécnicos o publicitarios, salvo que expresamente se haya brindado un consentimiento, previo, informado, expreso e inequívoco.
Ricardo Monreal dijo que si bien es cierto que actualmente existen diversos dispositivos legales para combatir el acoso comercial, la realidad es que estos no han sido suficientemente efectivos para salvaguardar los derechos de los consumidores.
El líder de Morena en el Senado detalló que la propuesta es reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ricardo Monreal destacó que en México no hay evidencia de multas a empresas que practiquen este tipo de hostigamiento; por el contrario, call centers, encuestadores, bancos y empresas acosan constantemente a los usuarios de 20 millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas.
Añadió que “a todos nos es cercana la experiencia de recibir, diariamente y de distintos números telefónicos, llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones. La gravedad subyacente de estas prácticas radica en el uso indebido de datos personales en posesión de particulares”.
Legislación
La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece una multa de 250 a 2000 días de salario, a la institución financiera que envíe publicidad a aquellos usuarios que expresamente hayan solicitado que no se les envíe.
La Ley Federal de Protección al Consumidor señala que el consumidor podrá exigir directamente que no le envíen publicidad y no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio.
