CREA DIRECTOR DE «EL SOL DE SALAMANCA», EMPORIO DE NEGOCIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS CON LOS GOBIERNOS.

PopLab/ Arnoldo Cuéllar Ornelas Crea Alejandro Herrera, director de OEM, emporio de negocios y tráfico de influencias con gobiernos. El director de la cadena periodística en Guanajuato aparece en...

PopLab/ Arnoldo Cuéllar Ornelas

Crea Alejandro Herrera, director de OEM, emporio de negocios y tráfico de influencias con gobiernos.

El director de la cadena periodística en Guanajuato aparece en la trama de Caja Libertad; en el historial previo impulsó a presidenta del Poder Judicial; colocó a su hermano en atracción de inversiones; usó empresa fantasma para facturar publicidad al gobierno y vendió al municipio de Salamanca predio al triple de su valor.

Colocado en su cargo por gestiones de Marta Sahagún cuando estaba convertida en una poderosa Primera Dama, a la mitad del sexenio de Vicente Fox, debido a una relación de parentesco político, el director de los diarios de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato consolidó al pasar de los años un triple papel como influyente editor, cabildero en negocios con proveedores del gobierno e impulsor de carreras políticas.

Entre los años 2013 y 2018, en el sexenio de Miguel Márquez, la cadena de los soles en Guanajuato rompió todos los records en venta de publicidad gubernamental. A lo largo de esos cinco años, los cuatro diarios matutinos, un vespertino y un deportivo, le vendieron tan solo al gobierno de Guanajuato 105 millones 534 mil pesos, de acuerdo a las cifras reportadas en el portal de transparencia del estado.

En los primeros meses del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, Herrera logró concretar ventas por otros 12 millones de pesos.

Lo notable, es que los diarios conocidos genéricamente como “los Soles”, cada día disminuyen su circulación e incluso su tamaño, pues ante su baja rentabilidad han terminado por convertirse en tabloides y disminuir su paginación de forma drástica. Se sabe además que los trabajadores de la Organización Editorial Mexicana se encuentran entre los peor pagados de la industria, además de que han venido sufriendo recortes en los últimos meses.

Todo ello, sin embargo, no ha sido óbice para que Alejandro Herrera Sánchez se convirtiera en estos años en un prospero empresario, realizando negocios sobre todo con el gobierno y utilizando para ello la influencia que le otorga frente a los políticos del estado y de los municipios la dirección regional de los Soles de Irapuato, Salamanca, Celaya y León, así como el vespertino Noticias y el deportivo Esto, desaparecido recientemente.

Algunos de estos negocios han redundado en escándalos, no obstante lo cual, la dirección general de la OEM ha decidido sostener en su cargo al directivo originario de Irapuato.

Hoy, Alejandro Herrera se ve involucrado en un nuevo episodio polémico, al aparecer en la demanda presentada por el empresario Sergio Hugo Bustamante en contra de los directivos de Caja Libertad, presuntamente por participar junto con Administradora de Nuevas Empresas, S. A de C. V. en la recepción de créditos de la institución financiera que nunca fueron resarcidos y se cubrieron de forma irregular.

No es el primer caso.

Frangmento de la demanda donde se menciona a Alejandro Herrera (erróneamente, como Francisco)

La venta del C4 de Salamanca

En los últimos meses del año de 2013, el municipio de Salamanca, encabezado por el panista Justino Arriaga Rojas, adquirió un terreno de tres hectáreas para la construcción del Centro de Control, Comando y Comunicaciones de la policía municipal (C-4). La operación se realizó en las últimas semanas del año, utilizando peritajes foráneos y un notario de la ciudad de Celaya, por el predio se pagaron 42 millones de pesos a la persona moral denominada Inmobiliaria y Servicios Beher, S.A. de C.V.

En el primer trimestre de 2014, los regidores de la oposición priista encabezados por la abogada Alicia Muñoz encontraron que un avalúo profesionaldeterminaba que las tres hectáreas alcanzaban un valor de 14 millones de pesos, por lo que el precio pagado por el municipio estaba a todas luces viciado. Detectaron también que detrás de la inmobiliaria aparecía como socio y apoderado el director de los diario el Sol de Irapuato y el Sol de Salamanca, Alejandro Herrera Sánchez.

Cuando la regidora priísta dio declaraciones criticando el alto precio de la operación, recibió un mensaje mediante un intermediario, donde se le conminaba a detener sus denuncias o atenerse a las consecuencias a través de publicaciones en los diarios de la OEM. La situación fue denunciada por Muñoz Olivares, lo que inhibió el cumplimiento de las amenazas.

Aunque se abrió una investigación del Órgano de Fiscalización del Estado tras una denuncia ciudadana, la compra se mantuvo y en el predio, comprado por tres veces su valor real, se construyó el C- 4 y las instalaciones de una academia de policía. La posición de Herrera como director de medios de comunicación no fue ajena al desenlace.

Ilustración: Pinche Einnar

Escaramuza por el Poder Judicial

A fines del año 2013, se polarizó el relevo insttucional en el Poder Judicial de Guanajuato. Miguel Márquez acaba de cumplir su primer año como gobernador y a su vera aparecía constantemente como una figura influyente el empresario irapuatense Rafael Barba Vargas, quien presumía en todas partes su cercanía y su ascendiente sobre el mandatario.

En esas fechas, un litigio derivado de un contrato judicial por la dación en pago de un predio, terminó en la Cuarta Sala Civil, encabezada por la magistrada Claudia Barrera Rangel, la cual fue impugnada por una de las partes, la cual alegó parcialidad de la juzgadora.

La contraparte era el empresario Salvador Barba Vargas y su hija Melody Barba González, respectivamente hermano y sobrina de Rafael Barba. El quejoso, el constructor Alfonso Calderón, alegó en su recurso que la magistrada Barrera estaba siendo promovida por Rafael Barba ante el gobernador Márquez como prospecto para presidir el pleno del Poder Judicial de Guanajuato, en la lección que debía ocurrir en enero de 2014.

La información proveniente de fuentes del foro judicial de Irapuato apuntaba en el sentido de que la candidatura de Claudia Barrera era un proyecto del abogado Manuel Herrera Moreno y su vástago, el director del Sol de Irapuato, Alejandro Herrera Sánchez.

Derivado de la queja que trascendió el tema jurisdiccional para convertirse en tema mediático, la candidatura de Barrera debió esperar cuatro años, en los cuales el presidente del Supremo Tribunal de Justicia fue Miguel Valadez Reyes, sucedido por la jurista irapuatense en enero de 2018.

Franco Herrera, subsecretario en puesto clave

La influencia de Alejandro Herrera a través de Rafael Barba Vargas fue suficiente para colocar en la poderosa Subsecretaría de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, encabezada por Héctor López Santillana, al inexperto abogado Franco Herrera Sánchez, hermano del director de la OEM.

A Franco Herrera le tocó gerenciar el proceso de compra de las tierras ejidales y privadas que se destinarían a la empresa japonesa Toyota, en el municipio de Apaseo el Grande.

Herrera cerró la pinza con el cártel de los Güeros, los ejecutivos del despacho de consultoría inmobiliaria JAOS & SGB, los cuales de acuerdo a la investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, compraron parcelas ejidales a precios irrisorios y se las vendieron al gobierno de Guanajuato entre 3 y 10 veces más caras, generando una utilidad de casi 300 millones de pesos en una operación que contó con información privilegiada.

Detrás de JAOS & SGB se encontraron empresarios como Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi, los mismos que desarrollan en San Luis de la Paz, bajo la firma Losrram, S. A. de C. V., el mega fraccionamiento residencial Señores de Pozos, por cierto con numerosos apoyos del presupuesto público durante los gobiernos de Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez.

Con un subsecretario como enlace, el caso de Franco Herrera, la operación de intermediación y encarecimiento salió casi perfecta… hasta que diversas investigaciones periodísticas exhibieron el negocio.

Empresas fantasma para dobletear facturación

En la recta final del gobierno de Miguel Márquez, una investigación periodísticareveló que su dirección de comunicación social había entregado en tres años siete contratos a una empresa intermediaria para que colocara publicidad en los periódicos de la OEM en Guanajuato, no obstante que también tenía contratos directos con dichos diarios fue de más de 5 millones de pesos al cierre de la administración.

La empresa en cuestión, FBM Comercializadora, fue incluida por el SAT en un listado, aparecido en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2017, de contribuyentes que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

La facturación a FMB, definida por el entonces vocero de la administración Márquez, Enrique Avilés, como una cuestión de “producción de contenidos”, creció sin que disminuyera la de la OEM, sino todo lo contrario. Las visitas de reporteros al domicilio de la empresa dieron cuenta de una escasa infraestructura, apenas un par de escritorios y computadoras.

Pese a contar con diversos domicilios y registro ante el IMSS tanto en León como en Irapuato, FBM se esfumó por completo.

El esquema de intermediación fue validado por una auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que encontró “razonable” el esquema. Sin embargo, la empresa ya no apareció al iniciar el nuevo gobierno en septiembre de 2018.

La línea editorial de OEM es totalmente oficialista.

Ahora, la Caja Libertad

El principal directivo de la OEM en Guanajuato vuelve a estar en la polémica ahora por la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra de José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La apertura de una carpeta de investigación deriva de una denuncia original presentada por el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, tras haber sido despojado de un inmueble en Querétaro de cuya sociedad propietaria poseía la mitad de las acciones.

Derivado de un largo alegato que en conjunto abarca 141 cuartillas, Bustamante menciona los diversos nexos y operaciones sospechosas de los presuntos responsables del desfalco, en una de cuyas partes aparecen personajes vinculados a la política y los negocios en Guanajuato y, principalmente en Irapuato.

Ahí es donde surge el nombre de Herrera, mencionado como Francisco en vez de Alejandro, pero identificado inequivocamente como “director del Sol de Irapuato e hijo de un reconocido abogado en esta ciudad”.

El nombre no fue mencionado en varios medios que aludieron al contenido de la denuncia, no obstante que aparece en la misma página donde se hace referencia al ex gobernador panista Juan Manuel Oliva, de quien se refiere que entregó obra pública a otro de los socios de negocios de Juan Antonio Rico, el empresario constructor José de Jesús Martínez Tejada.

La OEM, en picada

Contrario al éxito de sus gestiones como empresario e intemediario, Herrera no ha logrado los mismos éxitos en su tarea formal de director regional de la OEM.

Bajo su mando ya desaparecieron los periódicos Esto y La Prensa del Bajío. El Sol de León tira apenas los ejemplares suficientes para consignar que circula en León, donde recibe fuertes contratos de los gobiernos municipales, pese a su nula circulación.

Los cuatro diarios, Sol del Bajío, Sol de Salamanca, Sol de Irapuato y Sol de León se imprimen como tabloides desde este año, para ahorrar costos. Sin embargo, la caída en la circulación prosigue, lo cual no impide que los contratos de publicidad con el gobierno estatal y los municipales se incrementen año con año, convirtiendo al recurso público en el principal sostén de los diarios.

Los contratos de 2013 a 2018 superan los 20 millones de pesos por año.

La línea editorial es totalmente oficialista y se censura a organizaciones sociales o partidos políticos que emiten críticas al gobierno. De ordinario sus ocho columnas corresponden a declaraciones del gobernador o de los funcionarios de su gabinete, a menudo anunciado hechos o eventos por ocurrir, lo que en el argot periodístico se conocen como “notas previas”, lo que convierte a estos medios prácticamente en tableros de avisos oficiales.

Quizá allí se encuentre buena parte de la explicación para su declive.

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