Los Trabajadores petroleros. Una reflexión
Por: Alfonso Díaz Rey
La revolución mexicana, en la segunda década del pasado siglo, y la expropiación-nacionalización petrolera, en 1938, constituyeron dos hechos históricos que confirieron ciertas características al desarrollo de nuestro país que, en cierto modo, lo diferenciaron de los demás países de Nuestra América.
El primero, un movimiento armado que al concluir esa fase con la promulgación de la Constitución de 1917 consagró en ese texto diversas reivindicaciones populares y; el segundo, significó la recuperación de un recurso natural que durante mucho tiempo estuvo en manos de empresas extranjeras.
Nuestro país logró la nacionalización completa del petróleo. Abarcó todas las fases de esa industria bajo la conducción del Estado, conforme a lo que establecía desde 1917 el artículo 27 constitucional.
La expropiación y nacionalización del petróleo en México fue obra del pueblo y los trabajadores mexicanos, jugando un papel fundamental los trabajadores petroleros mediante una larga y difícil lucha que entendió y apoyó decididamente el gobierno nacionalista del general Lázaro Cárdenas.
Los primeros años posteriores a la nacionalización fueron de grandes sacrificios y entrega de los trabajadores y técnicos petroleros mexicanos, para garantizar al país el suministro de energéticos derivados del petróleo; tiempo después se logró abastecer a la naciente industria petroquímica con productos básicos generados por Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, los expropiados en 1938 nunca renunciaron a recuperar la posesión de nuestro petróleo. Y sus descendientes, en complicidad con dirigencias administrativas y sindicales corruptas y gobiernos faltos de nacionalismo, por ineptitud o sumisión, han retornado, penetrado y tomado posiciones en la industria, al grado de revertir en buena medida la gesta que en aquel año llevaron a cabo el pueblo y los trabajadores, una situación que en términos prácticos significa la desnacionalización y el saqueo de la riqueza que representa ese recurso natural no renovable.
Para lograr esa desnacionalización, quienes detentan el poder en nuestro país desplegaron una intensa guerra económica e ideológica contra la industria y los trabajadores petroleros.
Mediante cargas fiscales excesivas, endeudamiento, corrupción y abandono presupuestal, como prácticas fundamentales, se provocó el derrumbe productivo, técnico, operativo y financiero de la industria petrolera nacionalizada y se utilizó esta condición como argumento para darle entrada al capital privado local y extranjero, que ni tardo ni perezoso acudió para hacer realidad un largo y añejo anhelo.
Con los trabajadores la táctica consistió en una constante campaña de desprestigio ante el pueblo. Los calificaron de flojos, corruptos, improductivos y privilegiados, a imagen y semejanza de lo que mostraba una buena parte de su dirigencia sindical y también, justo es reconocerlo, algunos trabajadores deshonestos. Los identificaban como los causantes de la crítica situación de la industria, debido a sus «elevados salarios», cuando en realidad conforman uno de los sectores de trabajadores más explotados [1]. Esa campaña desplegada contra los trabajadores petroleros causó un estado de animadversión hacia ellos, situación alimentada por la desunión existente entre los trabajadores, y el pueblo en general, producto del el dominio ideológico que mantiene la clase dominante sobre las demás clases y estratos sociales.
Actualmente los trabajadores petroleros están sometidos a un rígido control político e ideológico que limita su participación en las decisiones que directa o indirectamente les conciernen, así como en los problemas de la empresa. Ese control se ejerce a través de la administración, el sindicato y, cuando esas dos instancias fallan, las autoridades federales en materia de trabajo o las fuerzas represivas del Estado.
Consecuencias de ese control son, entre otras, «… un alto nivel de pasividad e incapacidad para encontrar solución a sus problemas laborales…, la defensa de su fuente de trabajo y del recurso y los bienes que manejan…»[2], así como gran parte de la pérdida de su tradición de lucha, al grado que «… los opositores a la política sindical en la mayoría de los casos no cuestionan e incluso se arropan en la subordinación al gobierno para resolver contradicciones de orden menor que tienen que ver con la exclusión del reparto de las prebendas que disfrutan los líderes. Y cuando, por así convenirle al gobierno, la «oposición» alcanza algún nivel de dirigencia, la situación de los trabajadores en nada cambia. Aquellos que desde posiciones autónomas y nacionalistas disienten, se exponen a la represión o al despido» [3].
Sin embargo, la coyuntura que se presenta con el cambio del gobierno federal ofrece la oportunidad a todos los trabajadores, incluidos los petroleros, de recuperar sus organizaciones gremiales y
convertirlas en verdaderos mecanismos autónomos y democráticos para la defensa de sus intereses de clase.
En el caso de los petroleros, tienen un amplísimo historial de luchas del que podrían tomar experiencias y aplicarlas creativamente a los tiempos que corren; además, utilizarlas para recuperar la riqueza que se ha entregado al capital privado local y extranjero. La ventaja es que en la actualidad tienen el más amplio conocimiento de la industria y son ellos quienes producen la riqueza que genera ese recurso que debe ser empleado en beneficio de la nación.
La enseñanza que dejó la expropiación-nacionalización de la industria petrolera y el esfuerzo que costó mantenerla y sacarla adelante, «… constituye una gesta de inmenso valor [histórico,] humano y cultural, que nos debe ayudar a tomar conciencia de lo que somos y, algo quizá más importante, lo que podemos llegar a ser» [4].
Salamanca, Guanajuato, 24 de agosto de 2018
Notas
[1] El grado de explotación lo define la relación que existe entre la riqueza que el trabajador produce y lo que percibe como salario.
[2] Díaz R. Alfonso. Los trabajadores petroleros. Pueblo Unido, Revista de Análisis y Cultura Política (Número 2), México. Mayo-julio 2010, p.34.
[3] Ibid.
[4] Gallegos M. Ariel, et al. Testimonios de la Expropiación. Ed. Nuestro Tiempo. México 1990, p. 11.
