Por: Manuel De la Torre Rivera

La minería es una actividad de larga tradición en México que ha existido desde el tiempo de la colonia y Guanajuato es un estado de importancia significativa en la extracción de oro y plata, por tanto, es importante conocer cuál ha sido el impacto de esta actividad en el bienestar de los trabajadores y de las comunidades, incluido su medio ambiente, en donde se asientan estas actividades. Los datos presentados harán referencia al artículo del periodista Iván Restrepo “Minería: contaminación y dividendos”, publicado en La Jornada el 13 de septiembre del año 2021.

​La referencia empieza con la siguiente afirmación:

“la minería en México genera enormes utilidades a las empresas a las que el Estado les concesionó la explotación de nuestros ricos yacimientos de oro, plata, cobre, aluminio, cromo, níquel, plomo y zinc. También las mayores reservas de litio a escala mundial, que tiene enorme demanda y buscan acaparar las grandes potencias. Sin embargo, esa riqueza no ha beneficiado especialmente a las comunidades donde tienen su asiento los fundos mineros. Por el contrario, les genera pobreza, contaminación, daños a la salud y a los recursos naturales. Y especialmente al agua.”

En un número anterior de esta columna afirmábamos que las empresas mineras extranjeras están saqueando la riqueza que pertenece a todos los mexicanos y concluíamos: “Es un hecho incontrovertible que la riqueza de un país es el producto del trabajo de todos sus habitantes, luego entonces, lo que procede en justicia es que esa riqueza generada colectivamente, se distribuya equitativamente entre toda la población, esto debe ser un principio moralmente aceptado por toda la comunidad y con ello se ganaría el título de honrarla como una sociedad ética y justa”

​Los números aportan la siguiente dolorosa afirmación:“Durante 2006-15, dichas empresas obtuvieron ingresos por 1 billón, 715 mil millones de pesos. En cambio, es nada lo que pagan a las comunidades dueñas de los territorios donde funcionan: 0.29 dólares por hectárea durante los primeros nueve años y 5.08 dólares por hectárea por el resto del tiempo de la concesión. En Zacatecas las empresas citadas reportaron en 2014 ganancias por casi 415 millones de dólares, pero los municipios de la entidad recibieron apenas 8 centavos por cada mil dólares de ganancia.

De las inmensas utilidades que obtienen, sólo aportan al gobierno federal 0.52 por ciento del conjunto de la recaudación fiscal. Pero se les devuelve más de 50 por ciento de los impuestos que pagan. Quedan en cambio los daños ambientales, sociales y a la salud que sufren las comunidades y las regiones mineras.”

​En cuanto al ingreso económico de los trabajadores, la situación también es adversa: “más de la mitad de los trabajadores mineros están contratados bajo el sistema de outsourcing, negándoles así prestaciones básicas indispensables, habida cuenta los riesgos de accidentes y el daño a la salud que significa laborar en las minas.

​En 17 de los 20 municipios con la mayor producción de plata, 43 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y 11 por ciento en extrema. Y en 18 de los 27 con la mayor extracción de oro, 40 por ciento de sus habitantes presentan situación de pobreza y 9 por ciento en extrema.”

​El daño al medio ambiente no es menor: “Disponen de mil 36 títulos de aprovechamiento de agua, que amparan cerca de 437 millones de metros cúbicos anuales, las tres empresas mineras que más agua consumen utilizan 184 millones de metros cúbicos anuales, pero además, la actividad minera afecta negativamente los manantiales y diversas fuentes de agua que sirven a las comunidades, pues se desecan o contaminan con tóxicos.

​Es necesario que la sociedad se manifieste en los foros internacionales a favor de revertir esta injusta situación en el reparto de la riqueza, por la explotación sostenible de sus recursos naturales de los países y en el congreso nacional, eliminar la declaratoria de actividad preferente que está afectando gravemente a muchas comunidades.