La tragedia ocurrida el pasado 29 de mayo en la calle Mariano Abasolo esquina con Río Bravo continúa dejando secuelas más allá de las víctimas directas.

Antonio Ramírez, de 61 años, fue una de las seis personas asesinadas durante la masacre que también dejó tres heridos graves y un hombre secuestrado. A dos semanas del ataque, su familia aún no ha podido darle sepultura debido a trámites burocráticos que consideran absurdos y desgastantes.

La hija del señor Ramírez ha denunciado que, pese a haberse sometido a pruebas de ADN para acreditar el parentesco, las autoridades se niegan a entregar el cuerpo. Relata que incluso otros familiares cercanos fueron sometidos al mismo procedimiento, sin que hasta ahora se haya logrado avanzar. La situación ha generado un ir y venir constante entre oficinas y mensajes sin respuesta, lo que ha incrementado la desesperación de la familia.

La hija asegura que buscó respaldo de César Prieto en la presidencia municipal de Salamanca, pero no recibió ayuda para cubrir los gastos funerarios. Ante la negativa, la familia solicita directamente la intervención de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, con el fin de que se instruya a la Fiscalía a entregar el cuerpo y se permita dar el último adiós a Antonio Ramírez.

Para los familiares, la demora representa una falta de respeto hacia la memoria de la víctima, quien simplemente convivía con conocidos cuando fue alcanzado por la violencia.

El llamado es para que las autoridades agilicen los trámites y permitan cerrar el duelo de manera digna, en un caso que refleja no solo la crudeza de la masacre, sino también la insensibilidad de los procesos posteriores por parte de las autoridades.