El Departamento de Justicia dio un paso más en su campaña contra las llamadas «ciudades santuario», al exigir pruebas a nueve jurisdicciones del país de que están dando información al gobierno federal sobre los inmigrantes indocumentados en su territorio, o dejarán de recibir fondos.
El ultimátum afecta a todo el estado de California y las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans; además de los condados de Miami-Dade (Florida), Clark (donde se encuentra Las Vegas, en Nevada), Cook (Illinois); y Milwaukee (Wisconsin).
Los alcaldes y responsables de esas jurisdicciones recibieron sendas cartas del Departamento de Justicia en las que se les exige «entregar documentación» antes del 30 de junio próximo que demuestre que están cooperando con las autoridades federales en lo que a los inmigrantes indocumentados se refiere.
El Departamento de Justicia considera a esas jurisdicciones parte de los llamados ciudades y condados «santuario», aquellos que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún crimen.
El presidente estadunidense, Donald Trump, ordenó en su primera semana en el poder que se dejara de otorgar subvenciones federales a esos territorios del país, a no ser que comiencen a cooperar con las autoridades de inmigración.
Las nueve jurisdicciones contactadas han sido identificadas por el inspector general del Departamento de Justicia como lugares que limitan la información que su policía local puede proporcionar a las autoridades migratorias federales sobre aquellos que están en su custodia, según explicó esa agencia en un comunicado.
«Además, muchas de estas jurisdicciones están hundiéndose bajo el peso de la inmigración ilegal y el crimen violento», señala el comunicado.
Las cartas piden a esos territorios certificar su cumplimiento con una ley federal que establece que los gobiernos estatales y locales no pueden prohibir a sus fuerzas de seguridad compartir información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades federales.
«El no cumplimiento de esa condición podría resultar en la retención de los fondos de una subvención, suspensión o cancelación de una subvención, no admisibilidad para futuras subvenciones u otras acciones», escribió en las cartas Alan Hanson, un alto funcionario del Departamento de Justicia.
Pese a las amenazas del gobierno, muchos líderes de las «ciudades santuario», como los de Nueva York o Chicago, han asegurado que sus policías y alguaciles seguirán teniendo prohibido preguntar sobre el estatus migratorio de las personas o colaborar con las autoridades migratorias federales en la detención de inmigrantes indocumentados.
En su comunicado, el Departamento de Justicia destacó el aumento de asesinatos en Chicago y Nueva York, una tendencia criminal que el gobierno de Trump relaciona sistemáticamente con la presencia de inmigrantes indocumentados.
También alertó del avance en California de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a la que el Departamento de Justicia anunció esta semana que perseguirán judicialmente con el fin de bloquear sus fuentes de ingreso y menguar el número de pandilleros en sus filas.
