Una amenaza postergada
Por Manuel De la Torre Rivera
La situación laboral, económica, social y cultural de los trabajadores mexicanos se deterioró conforme avanzó el proceso de implementación de las políticas neoliberales en nuestro país y cuando parecía que no podía estar peor la situación que vivían las familias de este importante sector, después de cuatro décadas de avance de esa política global que ha deteriorado gravemente el salario y confiscado la mayoría de sus derechos laborales y sociales , apareció otra «iniciativa», con la firme intención de consolidar las prácticas antidemocráticas dentro de los «sindicatos» que las élites empresariales en contubernio con las autoridades laborales del gobierno mexicano, han impuesto en todo el territorio nacional.
Sin lugar a dudas, son los gobiernos priistas y panistas los artífices de esa deplorable situación que han vivido las familias de los trabajadores mexicanos, pero hay que señalarlo, también ha habido abandono por parte de ellos mismos, de las conquistas laborales que en otro tiempo permitieron avanzar en la aspiración y logro de mejores condiciones de vida, que nunca fueron gratuitas porque se requirió luchar para alcanzar organizaciones independientes del Estado y combativas para enfrentar a su enemigo de clase.
El corporativismo es una de esas prácticas antidemocráticas que privan dentro de importantes gremios vinculados a los trabajadores al servicio del Estado, en empresas otrora paraestatales, ahora privatizadas, como son los trabajadores de la educación para los primeros y los petroleros y electricistas en los segundos. El corporativismo no sólo ha dañado a los trabajadores y sus familias, sino ha dañado gravemente a la soberanía del país al formar trabajadores dóciles, dominados por el miedo para defender el patrimonio de empresas estratégicas para el futuro de la nación, como lo consigna nuestra historia patria.
Pero también el sector privado ha desarrollado una participación más directa en la vida interna de los sindicatos, convirtiéndolos en «blancos», que ya son mayoría en el país y que han contado con la cobertura oficial por parte de las estructuras de gobierno y los grupos parlamentarios de los principales partidos, para introducir contrarreformas que han dejado indefenso al trabajador.
Y lo más grave es que la penetración del sector privado permite sostener líderes sindicales corruptos y líderes parlamentarios dóciles a sus deseos, como fue el caso de la más reciente iniciativa de reforma que resultaba incomoda presentarla en tiempos electorales, por lo que el ejecutivo del país prefirió valerse de dos parlamentarios incondicionales para impulsarla en las cámaras, se trata de Tereso Medina, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), e Isaías González, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quienes no alcanzaron los consensos necesarios y quedó frenada en el Senado.
Por ahora no habrá reforma laboral ya que el proyecto de modificaciones a las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo no pasó en el segundo periodo de sesiones de esa cámara, informaron grupos como el Observatorio de la Reforma Laboral.
El Observatorio advirtió que ello no quiere decir que el tema esté agotado, llamó a todos los sectores a estar alerta porque podría presentarse en el próximo periodo de sesiones, el cual comenzará en septiembre. Indicó que seguramente los sectores patronal y gubernamental que impulsaron ese proyecto retomarán el asunto.
Cabe señalar que en 2017 se aprobó una modificación laboral, la cual establecía dos leyes secundarias para conformar los nuevos centros de conciliación y registro que sustituirán a las juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de tribunales laborales que dependerían del Poder Judicial, pero desde el inicio recibieron un fuerte rechazo de todo el sector laboral del país, ya que incluían cambios drásticos a la Ley Federal del Trabajo en materia de huelga, registro de sindicatos y contratos colectivos, titularidades y, sobre todo, porque daba carta de naturalización de los contratos de protección.
Por otro lado, diversos actores políticos y sociales han propuesto aumentar el salario mínimo, incluso hasta homologarlo con el de Estados Unidos, aproximadamente mil quinientos pesos diarios.
No hay duda de que los aumentos salariales son necesarios. Después de tres décadas de políticas neoliberales, la pobreza sigue muy alta y rebasa 50 por ciento de la población mexicana. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el número de pobres aumentó de 49 millones, en 2008, a 53.4 millones para 2016. Los salarios en China son ya dos veces mayores a los de México.
Los aumentos salariales, aunque necesarios y valiosos, cuando se otorgan sin acompañamiento de derechos democráticos con los que los trabajadores puedan organizarse para defender sus conquistas, pueden verse vulnerados, como está ocurriendo actualmente.
¡La lucha por la democratización de los sindicatos debe ser una prioridad de los trabajadores!
