Serán rechazadas las iniciativas que propusieron los grupos parlamentarios del PRD y de Morena sobre despenalizar el aborto en Guanajuato; en las Comisiones Unidas de Justicia y Salud se ordenó el dictamen en sentido negativo de las propuestas.
Después de que los diputados sostuvieron reuniones con activistas pro aborto y pro vida, ayer se dieron cita diputados y funcionarios públicos y en una mesa de trabajo se dio una discusión que arrojó como resultado este dictamen.
En tres sesiones de trabajo se analizó reformar el Código Penal del Estado para que el aborto antes de las 12 semanas de embarazo fuera una realidad, sin embargo, se fundamentó el derecho a la vida y después de varias horas de diálogo se puso a consideración que el dictamen de las dos iniciativas se propalara en sentido negativo y así fue admitido por mayoría de votos.
Hechos.
Al hacer uso de la voz, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Luis Alberto Estrella Ortega señaló que el derecho a la vida se encuentra reconocida en diversos tratados internacionales, además expuso las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron por las reformas aprobadas en la Asamblea del Distrito Federal, en dicha materia.
Recordó que los recursos fueron desestimados porque no se reunió la votación requerida; sin embargo, comentó que se encontró presunción de inconstitucionalidad.
Estrella Ortega hizo hincapié en que las legisladoras y los legisladores revisen dos partes al momento de tomar decisiones sobre el tema, uno de ellos el derecho de la vida uterina con ciertas excepciones y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Nosotros manifestamos que a nivel constitucional y convencional ambos derechos cuentan con protección constitucional y depende del Congreso como va a regularlo. Lo que nosotros comentamos es en apego a lo que le atañe al ombudsman y todos los comentarios son respetados”, dijo.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz hizo cuestionamientos sobre si se comete alguna desigualdad al sancionar a la mujer por la interrupción del embarazo y se pondera el derecho del producto de la concepción. Además, si se considera una forma de ponderar los derechos de las mujeres frente al interés del Estado de preservar y desarrollar la vida prenatal, lo cual implicaría que únicamente se sancione penalmente la interrupción del embarazo a partir de las 12 semanas de la concepción.
Por su parte, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo si considera viable que el Estado brinde el servicio de la interrupción legal del embarazo cuando peligre la vida de la mujer o en caso de una violación.
Al dar respuesta, el funcionario estatal comentó que los casos expuestos por el legislador Isidoro Bazaldúa Lugo ya se encuentra regulados en la legislación y es una obligación de los estados brindar dicha opción. Sobre lo expuesto por la legisladora Magdalena Rosales mencionó que los derechos de las mujeres y los no nacidos se interrelacionan armónicamente y son reconocidos, por lo que corresponde al Poder Legislativo determinar desde qué momento se respetan y sus excepciones.
Por su parte, Elizabeth Durán de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato detalló los comentarios vertidos por la dependencia sobre las iniciativas. Mencionó que es necesario ponderar lo establecido por la Constitución Política local y definir bien los plazos en los que se permite el aborto. También, comentó algunas inconsistencias en las iniciativas pues se contraponen.
La legisladora María Magdalena Rosales Cruz cuestionó a la funcionaria sobre si podrían existir medidas alternativas menos gravosas o restrictivas en los derechos fundamentales, como lo son la promoción de políticas públicas integrales a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, a fin de proteger la vida prenatal y si considera innecesario y desproporcionado utilizar el derecho penal para sancionar a las mujeres que ejercen el derecho a su dignidad, privacidad y libre ejercicio de su personalidad.
Al responder a las preguntas, Elizabeth Durán señaló que sus observaciones son de índole técnico y el Código Penal es consistente con la armonía de los derechos. Asimismo, refirió que dicho Código ya establece ciertas excepciones y cuestiones de no punibilidad.
Durante su participación, José Federico Ruíz Chávez de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado refirió que algunos de los aspectos de las iniciativas ya se encuentran en la Norma Oficial Mexicana 046. Además, indicó que las medidas planteadas tanto en el Código Penal del Estado y las demás leyes que se proponen reformar, ya están reguladas.
De igual manera, mencionó que en las iniciativas se establecen conceptos médicos diferentes, lo que traería confusiones.
La legisladora Magdalena Rosales preguntó su opinión sobre una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia donde se pondera el derecho de la mujer que no desea procrear. Al respecto, Federico Ruíz consideró que todas las resoluciones emitidas son respetables, por lo que no podría emitir alguna opinión al respecto.
El representante de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Luis Manuel Soto Navarro reiteró que lo propuesto en las iniciativas se encuentra regulado en la Norma Oficial 046 que habla sobre la atención a mujeres víctimas de violencia familiar y sexual. Detalló que en los casos permitidos por ley, como lo es la violación, el Estado está obligado a brindar la atención a la víctima que desea abortar.
Asimismo, indicó que en la Constitución Política local se regula el reconocimiento del ser humano desde su concepción, por lo que le corresponde al Estado que se cumpla.
La diputada Magdalena Rosales preguntó si considera que existen medidas menos gravosas o restrictivas de los referidos derechos fundamentales como la promoción de políticas públicas, atención sexual y reproductiva, dar a conocer los métodos conceptivos y capacitación sobre salud sexual; si es necesario aplicar medidas penales contra las mujeres que deciden ejercer su derecho al libre ejercicio de la personalidad; y si a través de las Secretaria de Salud es suficiente e idóneo todas las medidas de educación sexual que llegan a las comunidades más apartadas, así como a las colonias marginadas del estado.
Al dar respuesta, consideró que el tema de la mesa de trabajo es sobre el análisis jurídico de ciertas iniciativas, por lo que no podría comentar sobre las políticas públicas que refiere. Además, mencionó que de acuerdo a las jerarquías de las normas, desde la Constitución Política local se plantea el respeto a los derechos humanos, por lo que se estaría violentando lo que ahí se establece.
Al hacer el uso de la voz, Tatiana Guerrero en representación del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) expuso que las iniciativas podrían generar un retroceso, pues ciertos aspectos ya se encuentran regulador por la Norma Oficial Mexicana 046.
“Con los planteamientos de las iniciativas no vemos que haya una posibilidad de que les vaya a dar oportunidad de ejercer el derecho a la salud de las mujeres, pues no está siendo suficientemente sustentado o justificado, no les dará claridad a las personas que tienen que perseguir los delitos o aplicar las sanciones de manera justa, anularía el acceso de las mujeres a la justicia”, consideró.
La diputada Magdalena Rosales cuestionó a la funcionaria estatal si considera que el estado utiliza medidas alternativas suficientes e idóneas para la prevención de los abortos clandestinos, qué tipo de políticas se han implementado por parte del IMUG, y si la impartición de salud sexual a las niñas, niños y adolescentes es suficiente.
Tatiana Guerrero comentó que la postura expuesta por el IMUG va sobre el aspecto técnico-jurídico de las iniciativas. Asimismo, refirió que en Guanajuato si se le brinda la atención que requieren las mujeres violentadas.
Durante su intervención, José Gerardo de los Cobos Silva, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado (INILEG), consideró que derivado del análisis jurídico que se realizó de las iniciativas, se determinó su inviabilidad, pues lo solicitado por los iniciantes se encuentra regulado en la Ley, además de que existirían una serie de contradicciones entre las leyes que se pretenden reformar.
Al hacer uso de la voz, el legislador Isidoro Bazaldúa externó comentarios sobre el análisis hecho por el INILEG, el cual consideró que no fue objetivo ni apegado a la realidad actual.
La legisladora Magdalena Rosales pidió su opinión sobre si el interés superior de la niñez debe ir por encima del derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y si se debe utilizar el derecho penal para salvaguardar la vida prenatal.
Al respecto, José Gerardo de los Cobos Silva comentó que los tratados internacionales reconocen el derecho al no nacido, así como las legislaciones federales y estatales, por lo que existe una contradicción en las propuestas que se formulan. En este sentido, indicó que es trabajo del INILEG señalar dichas situaciones.
Una vez concluida la mesa de trabajo, la diputada Cristina Márquez agradeció la participación de los funcionarios y señaló que sus comentarios servirán para enriquecer el análisis de las iniciativas.
En seguimiento al orden del día, la diputada dio espacio a sus homólogos para escuchar sus comentarios.
En su participación, el diputado Ernesto Prieto Gallardo externó su preocupación en que se dictaminen de manera conjunta las iniciativas presentadas, pues refirió que existen diferencias en ciertos aspectos, por lo que pidió que se realicen dictámenes separados.
Asimismo, hizo referencia a las reformas que se han hecho en la materia tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, además de diversos países donde el aborto es permitido en ciertas semanas de gestación. También, subrayó la importancia de que las mujeres decidan sobre su cuerpo.
“No podemos hablar de que el estado de Guanajuato es garante de derechos humanos cuando históricamente ha habido mujeres guanajuatenses presas por realizar una elección sobre ellas mismas y muchas otras sin voluntad propia al haber tenido una interrupción de su embarazo de manera espontánea. El Estado debe garantizarles a todas las mujeres que no serán coaccionadas ni procesadas penalmente por realizar una interrupción del embarazo de forma legal y segura. Guanajuato es de los estados con una restricción muy dura sobre el penalizar a la mujer que interrumpe su embarazo, ya que las únicas dos causales que el Código Penal avala para que no sean punibles es la violación e imprudencial culposo”, agregó.
La diputada Magdalena Rosales se sumó a la petición de su homólogo para que se dictaminen las iniciativas de manera separada. Asimismo, pidió que esta semana no se dictaminen las iniciativas, pues señaló que es necesario revisar las aportaciones de los colectivos y lo expuesto por las instituciones, ya que se podrían hacer contrapropuestas.
Por su parte, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos reconoció las aportaciones hechas en las mesas de trabajo, pues servirán para tomar una decisión informada. De igual forma, señaló que en las iniciativas se perciben deficiencias técnicas y cuentan con aspectos negativos.
“Como lo mencionaron los funcionarios, existe la Norma Oficial Mexicana 046 que ya lo establece, ya está cubierto, no se requiere, lo propuesto es deficiente pues deja un espacio de impunidad importante y dejaran a muchas mujeres en riesgo”, acentuó.
La diputada apeló a que no se aprueben las modificaciones pues carecen de técnica jurídica y que lejos de abonar a la aplicación de la justicia, perjudicarían y pondrían en riesgo a las mujeres guanajuatenses.
El legislador Raúl Márquez Albo comentó que hay mujeres que están luchando por ese derecho por lo que es necesario tratar el tema de manera adecuada. En este sentido, señaló que no existe un soporte jurídico para desechar las iniciativas y no se realizó un análisis de cada uno de los artículos y solo hubo comentarios generales.
Por lo anterior, reiteró que es necesario que no se dictaminen las iniciativas en esta semana y cuando se haga, sea de manera separada.
La diputada Jessica Cabal Ceballos indicó que el contenido de las iniciativas es contrario o incompatible con lo establecido en los artículos del 1 al 4 de la Constitución Política local.
Al respecto, subrayó que el Congreso del Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y sus garantías reconocidas en la Constitución Política federal y en los tratados internacionales de los que sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Política federal establezca.
“Las iniciativas que nos ocupan atentan con el principio de progresividad de los derechos humanos, pues vienen a disminuir el ámbito de protección de los derechos del no nacido”, agregó.
En una segunda intervención, la diputada Magdalena Rosales reiteró la solicitud de que el dictamen de las iniciativas se realice la próxima semana para que se dé el tiempo necesario para revisar las aportaciones.
La legisladora Vanessa Sánchez Cordero se dijo a favor de que se aplace el dictamen de las iniciativas, pues es importante reflexionar sobre la información que se ha brindado, para así tomar una decisión adecuada.
De igual forma, señaló que durante las reuniones con colectivos y dependencias estatales solo se habló sobre el derecho del neonato, pero no se hizo referencia al derecho de las mujeres por decidir.
“No hubo cuestiones biológicas que nos dieran claridad de la viabilidad de la gestación en las 12 semanas. También se habló de que le abonemos a la prevención, pero no existen las políticas públicas para ello, no estamos contribuyendo a combatir los embarazos no deseados y si decimos que el aborto no es la solución, debemos trabajar en el tema y evitar que las mujeres estén en la situación para tomar una decisión”.
El diputado Luis Antonio Magdaleno Gordillo expuso diversos puntos médicos que avalan la existencia de un ser humano desde la concepción. “Los avances médicos han señalado los umbrales fetales de dolor a temprana edad, ya sienten dolor desde las 8 semanas del embarazo. Son dos seres diferentes tanto la madre como la niña o niño en gestación”.
Comentó que las consecuencias del aborto son numerosas y afectan de manera física y mental a las mujeres. “Debemos saber todo lo que le pasa a la mujer con un aborto, perforaciones, hemorragias, sepsis o la muerte, no se debe tomar a la ligera, el aborto es un procedimiento difícil”.
La diputada Emma Tovar Tapia habló sobre los argumentos bioéticos del aborto. Reiteró que al momento de la fecundación ya existe una persona con un código genético que cuenta con derechos, los cuales dijo, deben ser respetados.
Por su parte, la diputada Katya Soto Escamilla hizo referencia sobre las políticas públicas para apoyar a las mujeres. Comentó que en lugar de la aprobación del aborto, se debe trabajar en apoyo a las mujeres embarazadas o en situación de vulnerabilidad.
“Legalizar el aborto no resuelve un problema de salud pública, al contrario, lo profundiza. Reconocemos que la maternidad es un proceso complejo y que adquiere más desafíos cuando la madre se encuentra en condición vulnerable, pero estamos convencidos de que en ese escenario el papel del Estado debe ser el de corregir las causas de esa vulnerabilidad en lugar de solo esconderlas por medio de acciones como el aborto y que no atienen los problemas de las mujeres”, añadió.
La legisladora Magdalena Rosales señaló que existen varios comentarios sobre el tema, por lo que es necesario realizar una mesa de trabajo con expertos en Biología y Medicina para resolver las dudas que han surgido.
En su intervención, la diputada Vanessa Sánchez pidió no generalizar sobre las repercusiones que pudieran tener las mujeres que deciden abortar.
El diputado Jaime Hernández Centeno felicitó a sus homólogos y a la sociedad organizada por el trabajo que realizaron en el análisis de las iniciativas, pues ha sido enriquecedor el ejercicio. “Estoy de acuerdo en trabajar en las políticas públicas a favor de las mujeres y de la sociedad, hay alternativas para hacer mejor a la sociedad, cosas interesantes, me siento complacido por escuchar las ponencias.
El legislador Luis Antonio Magdaleno acentuó que en el análisis de las iniciativas se escucharon todas las posturas, por lo que dijo, es momento de tomar una decisión de manera responsable y no alargar el tema.
Al hacer uso de la voz, el diputado Isidoro Bazaldúa subrayó que su iniciativa no promueve el aborto, por lo que pidió a sus homólogos que no se confundan y revisen a fondo lo propuesto. “No soy pro aborto, ninguna mujer quiere abortar, por eso mi iniciativa señala que se permitirá solo si el doctor así lo ve necesario”.
El diputado Raúl Márquez pidió que no se usen conceptos peyorativos al referirse a las iniciativas. Asimismo, mencionó que el uso de equipo médico por parte de personal no capacitado es lo que provoca muertes de mujeres que deciden abortar, por lo que es necesario que existan lugares de calidad que velen por su salud. Además, reiteró su petición para que las iniciativas no sean dictaminadas y se continúe con el análisis de las mismas.
La propuesta para modificar la metodología de análisis de las iniciativas y seguir revisando el tema, fue sometida a votación; sin embargo no fue aprobada.
Finalmente, la diputada Cristina Márquez Alcalá señaló que hubo coincidencia generalizada sobre la garantía de los derechos de mujeres y los no nacidos, por lo que es obligación de las Comisiones Unidas elaborar los dictámenes desde un aspecto técnico. En este sentido, refirió que las aportaciones hechas por los participantes en la mesas de trabajo han sido enriquecedoras y deben tomarse en cuenta.
“Hemos visto que es necesario fortalecer las políticas públicas antes de tomar decisiones que afecten a las mujeres y a los niños, nuestro compromiso es hacerlo de manera atinada y responsable, en estricto apego a la ley”, dijo.
Por lo anterior, pidió a la secretaria técnica la elaboración del dictamen en sentido negativo en los términos expuestos.
