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ETERNA JORNADA

Proyecto para cambiar la política laboral en la 4T. Por: Oscar Alzaga* Para cambiar la política laboral patronal –neoliberal– de 36 años, más la etapa previa de sindicalismo “charro”, subordinado...

Proyecto para cambiar la política laboral en la 4T.

Por: Oscar Alzaga*

Para cambiar la política laboral patronal neoliberal de 36 años, más la etapa previa de sindicalismo “charro”, subordinado al PRI y gobiernos, el presidente López Obrador confió el proyecto de cambio a un equipo de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) que centró el plan y estrategia en la reforma laboral de mayo de 2019, dejando sin cambio la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la más importante del país, conformándose en esos 36 años como patronal, corrupta y sin apegarse a la Ley Federal del Trabajo (LFT), y sustituirla a futuro por un tribunal del poder judicial y centros de conciliación, federal y estatales, que inician en noviembre de 2020 el cambio en los primeros centros.

La JFCA y las juntas estatales además de seguir igual que antes, de ser un obstáculo para la justicia laboral, impiden que se aplique la misma reforma laboral de 2019. Así, en caso de negarse un patrón a cumplir la LFT, los trabajadores no cuentan con un tribunal laboral confiable para lograr el acceso a la justicia laboral yque así se cumpla la ley. Las juntas hoy absorben el 95% de los juicios colectivos e individuales.

En 36 años de política neoliberal los empresarios se fueron apoderando de la JFCA y las juntas estatales con el beneplácito de los gobiernos en turno, desde Salinas en adelante, imponiendo la corrupción para que el personal de los tribunales aceptara las decisiones patronales. Con resultados espectaculares: desde el TLCAN creció la venta de contratos colectivos de trabajo (CCT) para transformarlos en Contratos Colectivos de Protección Patronal (CCPP), denunciados por Arturo Alcalde y el equipo; igual crecen los outsourcing, con Beyruti al frente con 200 mil trabajadores explotados sin derechos. A la par que la patronal debilita los sindicatos existentes e impide que crezcan nuevos o de plano loscompran, como Bailleres-Peñoles, Larrea-Grupo México, Ancira-AHMSA, etc.

La caída salarial inició antes, desde López Portillo y gobiernos siguientes, que establecen el “tope salarial” como receta del FMI, que además de una política de bajos salarios, niega la libre contratación colectiva, antes de que capital y trabajo pacten el aumento salarial anual, este estaba impuesto desde arriba por el gobierno. En realidad era impuesto por los patrones de la oligarquía, desde la sombra.

El colmo llegó con el intento de la reforma laboral de 2017, al amparo de Peña Nieto, presentada en el Senado por el PRI, CTM(Tereso Medina) y CROC, pero no progresó por el pleito entre el PRI y el PAN por imponer el fraude de 2018, a favor cada uno de su partido, no hubo acuerdo. El proyecto del PRI no lo firmó el PANcomo fue en 2012, por motivos electorales, además de la inconformidad popular que generó el proyecto patronal. A ese extremo de degradación ilegal y corrupta llegaron los patrones: demanejar al PRI y el PAN, la CTM y la CROC a su gusto. No debemos olvidar esa temporada de zopilotes.

Desde luego el cambio de la política laboral no podía ser fácil a partir del triunfo de 2018. Pero no intentarlo, en el caso de la JFCA, fue dejar un obstáculo infranqueable para los derechos e intereses de las y los trabajadores, más los derechos colectivos, todo en perjuicio de la justicia social.

Hoy, a casi dos años de la reforma de 2019, los cambios son muy pocos porque las juntas siguen igual que antes y absorben la mayoría de los asuntos laborales colectivos e individuales. El informe de la STPS de 17-I-21, dice que para noviembre de 2020la JFCA atendía 500,463 asuntos individuales y 3,076 colectivos, muchos más que en 2018.

Para el 28 de noviembre de 2018 (El Economista), el sexeniopasado dejaba en la JFCA un rezago de 430,005 juicios (428,500 de tipo individual y 1,505 colectivos). En el sexenio de Zedillo el rezago fue de 88 mil juicios en total, con Fox de 146 mil y conCalderón de 383 mil. Al concluir el gobierno de Peña defendía que cuando menos logró “la paz social”, lo que también era falso pues siguieron usurpados los sindicatos a sus genuinos y legales titulares: las y los trabajadores. Siendo precisamente el tema de libertad e independencia sindical el central en la reforma de 2019, uno en los que menos se avanza hoy.

Para finales de 2020 esa cantidad de juicios laborales no disminuyó, al contrario, aumentó a más de 455 mil asuntos (El Financiero, 7-XII-22), tanto por los asuntos nuevos que ingresan ya con el actual gobierno, como por la pandemia de 2020 que tantosdespidos suscitó con las suspensiones de labores.

En el caso de los contratos colectivos que deben tener el aval a través del voto secreto de los trabajadores (no a espaldas de ellos, como lo acostumbró el sindicalismo del Congreso de trabajo y la CTM), solo 611 CCT han sido legitimados conforme a la LFT de 2019, de 500 mil que existen, según la STPS y el Centro Federal de Conciliación (La jornada, 3-IV-21) Otra fuente de la STPS (El Economista, 19-III-21) estima que sólo el 15% de los CCT se podrán legitimar conforme a la LFT de 2019, por no cubrir los requisitos de ser votados por los trabajadores antes de su firma, ya que la mayoría de los líderes quieren seguir como antes: firmando a espaldas de los trabajadores. Ello explica porque la CTM y otras centrales y sindicatos interpusieron amparos contra la reforma de 2019 que, por cierto, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó esos amparos en estos días, fortaleciendo la reforma laboral pero a medias, porque no hay autoridad ni tribunal de justicia que los obligue a cumplirlos.

Todos los cambios, como hemos visto, son en el plano de las leyes y su interpretación, no en el plano de la aplicación de las leyes en la realidad, quedando entonces a medias o peor, sin llegar a afectar las prácticas patronales y de los líderes, enemigos ambos de las y los trabajadores.

Con los datos de la JFCA y la STPS se puede estimar que para 2024 la justicia laboral seguirá estando en su gran mayoría en manos de las Juntas, la federal y las estatales, por lo cual no llegará a cumplirse el cambio de la política laboral de la 4T.