Activistas, periodistas y académicos de Guanajuato rechazan las reformas a la Constitución para la creación de la Guardia Nacional, aseguraron en rueda de prensa en la ciudad de León que con su ineludible militarización de la seguridad, puede empeorar el sensible escenario que enfrenta el Estado, sobre todo en el robo de combustible.
“Esta entidad ha visto crecer a niveles históricos los índices de los principales delitos en los últimos años, específicamente el de los homicidios dolosos y desapariciones, asociados a la actuación violenta del crimen organizado”, sustentaron.
Incompatibles con las reformas, se expresaron inconformes con el quebranto de la impartición de justicia, de la seguridad y de los hechos violentos que acontecen cotidianamente.
“Manifestamos nuestra inconformidad con el grave deterioro de la seguridad, la impartición de justicia y la violencia en nuestra entidad”.
Señalando no se cumplen con los patrones internacionales en el contexto de los derechos humanos, rendición de cuentas y control social; también resonaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la ONU. Derechos Humanos alertaron que la Guardia Nacional es antagónica al Estado Democrático.
“Rechazamos toda forma de militarización de la seguridad pública”, destacaron.
Añaden que asentados en el espíritu constitucional protegerán que las tareas de seguridad federal, estatal y municipal este a cargo de cuerpos civiles.
“La reforma propuesta a la Carta Magna es inconvencional porque contradice los principios establecidos en tratados internacionales que son obligatorios para México en materia de derechos humanos”.
Por otra parte, se manifestaron en contra del pase automático del procurador de Justicia del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, como el próximo fiscal General.
“Ante la falta de credibilidad institucional y nula rendición de cuentas, el gobierno panista de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y su mayoría en el Congreso local anunciaron la continuidad de Carlos Zamarripa Aguirre como el próximo Fiscal General del estado, contrario a estándares internacionales en materia de autonomía para los órganos de procuración de justicia”, señalaron.
Las agrupaciones solicitaron al Congreso de la Unión que no apruebe la reforma que normaliza y perpetua la militarización de la seguridad pública y al gobernador de Guanajuato le exigieron rendir cuentas sobre el gasto hecho en seguridad.
Pidieron “a las y los diputados del Congreso del Estado dictaminar cuanto antes las iniciativas que modifican el pase automático –del procurador como fiscal- en la Constitución mediante una metodología de parlamento abierto que contemple mesas de trabajo con sociedad civil para la discusión de la Ley de la Fiscalía General de Guanajuato”.
La sociedad quiere un Guanajuato y un México en paz, donde sean respetados los derechos humanos y exista justicia, finalizaron.
Con información de La Jornada
