En el país al menos 32 mil policías no acreditaron los exámenes de control y confianza y continúan laborando, lo que representa el 10 por ciento del total de personal de seguridad estatal y municipal.

Otros 7 mil fueron evaluados, pero no se sabe si acreditaron o no los exámenes, revela el más reciente informe sobre la Evaluación de Control de Confianza a Instituciones de Seguridad.

El informe, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destaca que al menos 11 de las 32 entidades del país tienen una tasa de reprobación superior a 10% de sus cuerpos de seguridad.

La evaluación se hace a elementos de las Secretarías de Seguridad Pública estatales, personal de custodia en los sistemas penitenciario, policías de las Fiscalías o Procuradurías estatales y cuerpos de seguridad municipal.

La lista de estados con mayor índice de reprobados la encabeza Sinaloa, donde 52% de los 7 mil 985 elementos de seguridad con que cuenta, reprobó los exámenes de control y confianza. En Baja California Sur reprobó el 39% de los 9 mil 831 elementos. Nayarit ocupa el tercer lugar con un índice de reprobación del 28% de 3 mil 445 elementos; en Sonora reprobó 24% de los 6 mil 824 agentes.

Otras entidades con alto índice de reprobación son: Michoacán, con una tasa de reprobados del 24% de los 9 mil 57 elementos de seguridad; Guerrero tuvo un 23% de reprobados de los 9 mil 890 elementos que hay en la entidad; Veracruz, una tasa de reprobados del 20%, de los 11 mil 302 evaluados; Tabasco, con el 17% de los 10 mil 945 elementos; Zacatecas, con el 16%, San Luis Potosí, con el 15% y Quinta Roo, con el 14%.

Cabe destacar que entidades con altos índices delictivos como Morelos o el Estado de México reportaron el 100 por ciento de evaluación al personal de seguridad y una tasa de reprobación del 8% y 2%, respectivamente.

La evaluación a los cuerpos de seguridad se realiza de manera sistemática desde diciembre de 2013, derivado del acuerdo ratificado en la 35 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el cual se establecieron los lineamientos para la evaluación y se resolvió que esta práctica sería permanente.

Uno de los acuerdos alcanzados es que los elementos que no acrediten los exámenes iban a ser dados de baja, lo cual no ha ocurrido.