Entre enero y abril de 2026, autoridades municipales reconocieron al menos 21 casos de privación ilegal de la libertad, lo que marca un cambio significativo frente al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a abril de 2025 no se registró ningún caso de este delito. Un año después, el propio municipio reconoce una incidencia que contrasta completamente con el periodo anterior.

Aunque el incremento porcentual no es calculable al partir de un valor base de cero, el aumento en términos absolutos es de 21 casos más en comparación con el año pasado, concentrados en los primeros cuatro meses de 2026.

Es importante señalar que durante 2025 sí se reportaron diversos casos de desaparición en Salamanca, los cuales generaron preocupación social; sin embargo, no están reflejados en los registros del SESNSP. Hasta el momento, se desconoce la razón de esta diferencia, sin que haya claridad sobre si se trata de una falta de registro, una clasificación distinta de los delitos o algún otro criterio en la integración de las cifras oficiales.

La privación ilegal de la libertad es un delito de alto impacto que afecta directamente la seguridad de la población. El paso de cero registros a más de una veintena de casos en un mismo lapso refleja un deterioro en las condiciones de seguridad que no puede ser minimizado.

Este incremento también exhibe posibles fallas en la manera en que se registran y reportan los delitos, además de una falta de resultados en materia de prevención por parte de las autoridades municipales.

La diferencia entre ambos años no solo es numérica, sino también significativa en términos de seguridad pública, al tratarse de un delito que vulnera directamente la integridad y libertad de las personas.