Un vehículo oficial del Municipio de Salamanca, asignado al Juzgado Administrativo, fue localizado en las instalaciones de ESIABAC, institución educativa que, según información pública, es propiedad de la esposa del presidente municipal, Eugenia Martínez, y del propio alcalde César Prieto.

La unidad es un Jetta color blanco con placas GUT-315-C, aparece en el oficio JCV/191/2026 de la Jefatura de Control Vehicular, donde se confirma que está asignada administrativamente al Juzgado Administrativo y que puede ser utilizada únicamente por personal adscrito a esa área con licencia vigente.

De acuerdo con datos de transparencia, el vehículo está bajo resguardo relacionado con el área donde se desempeña la Jueza Administrativa, Berenice Smith. Sin embargo, al acudir a su oficina dentro de la administración pública municipal, se informó que no se encontraba en el lugar. Personal señaló que aunque acude diariamente, suele retirarse y regresar más tarde únicamente para recoger sus pertenencias.

Paralelamente, se documentó que en horario laboral la unidad oficial estaba estacionada en ESIABAC. Según la información recabada, Berenice Smith también labora en dicha institución educativa.

Es importante mencionar que de manera general, los vehículos oficiales están destinados exclusivamente al cumplimiento de funciones públicas. La normativa en materia de responsabilidades administrativas establece que los recursos públicos, incluidos vehículos, deben utilizarse únicamente para fines institucionales.

El uso de unidades oficiales en actividades particulares, privadas o fuera del ejercicio de funciones públicas puede constituir una falta administrativa, especialmente si implica beneficio personal o desvío de recursos. Dependiendo del caso, podría derivar en responsabilidades que van desde sanciones administrativas hasta investigaciones por posible uso indebido de recursos públicos.

En este caso, la asignación del vehículo es información pública y consta en registros oficiales. Lo que se documenta es su ubicación en una institución privada vinculada a la familia del presidente municipal, en horario laboral, así como la ausencia de la funcionaria en su oficina al momento de ser buscada.

Los hechos abren cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la compatibilidad de funciones cuando un servidor público desempeña actividades en el ámbito privado. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existe o no alguna irregularidad.

Esta situación ha generado molestia porque se trata de un vehículo oficial pagado con recursos públicos, es decir, con dinero de los ciudadanos. A esto se suma que la unidad no porta identificaciones visibles como número económico o logotipos oficiales que permitan reconocerla fácilmente como parte del parque vehicular municipal. Esta falta de rotulación levanta cuestionamientos sobre por qué un vehículo asignado a una dependencia pública no cuenta con los elementos básicos de identificación.

Otro punto que ha causado polémica es que el sticker que identifica a las unidades que reciben combustible donado por PEMEX se encontraba cubierto con hojas blancas. Esta situación podría interpretarse como un intento por evitar que la unidad fuera reconocida, aunque hasta el momento no existe una explicación oficial sobre por qué estaba tapado ni por qué el vehículo no cuenta con rotulación visible. La combinación de estos elementos ha intensificado el debate ciudadano sobre el uso y transparencia en el manejo de los recursos públicos.