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PROCESO PENAL A 2 FUNCIONARIOS DE PROFEPA POR FALSEAR Y ALTERAR ACTAS DE INSPECCIÓN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) mediante un comunicado de prensa  informo  que, en el contexto de las acciones de revisión de legalidad de las actuaciones de...

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) mediante un comunicado de prensa  informo  que, en el contexto de las acciones de revisión de legalidad de las actuaciones de sus funcionarios, suspendió a dos servidores públicos adscritos a la Delegación de la institución en el estado de Yucatán, tras documentar irregularidades en su actuación.

El comunicado especifica que los funcionarios se encuentran además sujetos a proceso penal y enfrentarán las imputaciones del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, los inspectores federales se encuentran bajo investigación por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tras una denuncia presentada por la misma PROFEPA.

Detalla que un ciudadano denunció que ambos inspectores federales emitieron en mayo del 2014, un acta de inspección apócrifa en materia forestal y otros actos irregulares. La PROFEPA a través de su Delegación Federal en el estado de Yucatán, realizó un análisis detallado del caso y verificó que dichas actas de inspección efectivamente habían sido alteradas, por lo que resolvió dar cuenta de los hechos al Secretaría de la Función Pública.

         Por lo que la Procuraduría Federal establece además que la información asentada en ambas actuaciones no corresponde al acto administrativo emitido por el inspector actuante, incumpliendo las obligaciones que impone la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Los funcionarios imputados podrán ser sancionados administrativamente con la destitución e inhabilitación para fungir como servidor público, así como a las penas privativas de la libertad que en su caso determine un Juez federal.

Finalmente en su comunicado la PROFEPA asegura continuará realizando visitas de revisión de la legalidad de los actos de sus inspectores, abogados, peritos, funcionarios y personal administrativo, con lo cual ratifica su compromiso con la defensa del estado de Derecho, en el marco del respeto a los derechos humanos y del nuevo sistema nacional anticorrupción.

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