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#EternaJornada Larrea intenta repetir el negocio sucio de Cananea que hizo con Salinas, ahora con AMLO.

Por: Oscar Alzaga* ​ El 11 noviembre de 2021 estuvo en Cananea Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gabinete. Ya el 4 de julio había prometido volver con un...

Por: Oscar Alzaga*

El 11 noviembre de 2021 estuvo en Cananea Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gabinete. Ya el 4 de julio había prometido volver con un plan de justicia para toda la población de la ciudad histórica. En la mesa de justicia estuvo el representante de Germán Larrea y Grupo México. Pero no el Sindicato Minero ni a la huelga de 14 años.

¿Qué saben los gobiernos Federal y de Sonora de la obra deLarrea en Cananea?

De que en 1989, gracias a Salinas, se privatizó la mina de cobre más grande de México, para entregarla a Larrea con maniobras ilegales como la quiebra de la mina, cuando vivía un auge económico a la vista de todos y Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA) tenía el 90% de las acciones. Cuando por la sucia privatización protestaron los mineros de la sección 65 y el “domingo verde” entró el ejército, el 20 de agosto de 1989, reprimiendo el derecho de protesta ciudadana. Y la primera medida del nuevo dueño fue el despido ilegal de 719 obreros y bajar las prestaciones.

Entonces en plena complicidad de gobierno, autoridades de trabajo y empresario. No tar en llegar la privatización de Altos Hornos y las minas de carbón y hierro de Coahuila y Durango, de las Truchas en Lázaro Cárdenas, de Dina, de Telmex, etc.,haciendo los neoliberales más millonarios a los oligarcas y más pobre al pueblo.

En 2004 Larrea se negó a pagar el 5% de las acciones de Cananea, pactado desde 1989, por la privatización, como en Telmex, por lo que las secciones del Sindicato Minero se fueron a la huelga, obligando al pago en 2005. En venganza, Larrea, sin dar la cara, organizó a través de despachos patronales a cientos de obreros para demandar al Sindicato el 5%, aunque no les tocara. Larrea montó una compaña de TV, radio y prensa en 2006 y 2007contra el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia y el Sindicato, por “robar a los mineros”. Lo cual fue falso. Era la vendetta de Larrea contra el Sindicato y su líder, por ser independientes y defender sus derechos.

El 19 de febrero de 2006 explotó la mina de Pasta de Conchos, de Larrea, por negligencia patronal al desatender las inspecciones, ocasionando 65 mineros muertos y que a los 5 días se negara al rescate de los heridos y muertos, con la complicidad del gobierno de Fox. Dos días antes, el 17 de febrero, un títere de Larrea con 300 golpeadores asaltó la sede sindical del Minero, pero fueron desalojados por los mineros. Ante la tragedia de Pasta de Conchos, Napoleón Gómez Urrutia (NGU), denunció la irresponsabilidad de Larrea y Fox, como respuesta, Fox manda 11 órdenes de encarcelar a NGU. Por lo que sale del país en exilio forzado a Canadá, y desde allá dirige diariamente el Sindicato, sus luchas, huelgas y autonomía.

El 2 de marzo de 2006 paró un día toda la minería del país, en protesta por el retiro de la toma de nota de NGU y su exilio forzado a Canadá. Pero los mineros de las Truchas, en Lázaro Cárdenas, siguieron con el paro de labores hasta el 20 de abril de 2006, cuando Fox ordena y Medina Mora ejecuta el desalojo de los mineros con apoyo del ejército, de la PFP y la policía del estado de Michoacán, sin una orden judicial, por la fuerza, matando a dos mineros e hiriendo a 51. Sin embargo, los desalojados fueron los soldados y policías, al apoyar a los mineros otros obreros y la población. Siguió el paro hasta agosto cuando la empresa y Sindicato pactan el regreso a labores, pagando ella los salarios caídos y levantando un monumento a los caídos.

Debido a la tragedia de Pasta de Conchos, en 2007 variassecciones sindicales pidieron inspecciones de la Secretaría del Trabajo, que dieron constancia de faltas de seguridad e higiene en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco, de Larrea, por lo cual el Sindicato exigió que la empresa tomara medidas de seguridad, como lo señala la Constitución en el artículo 123, fracciones XIV y XV. El Grupo México se negó a hacerlo, por lo que el Sindicato emplazó a huelga. Negándose a conciliar Larrea, estallan las huelgas el 30 de julio de 2007; intentó dos veces la declaración de inexistencia, y hasta 4 veces en Cananea, y ninguna ganó ante los amparos del Sindicato.

Larrea recurre a corromper a autoridades de trabajo para quele aceptaran recursos ilegales contra las huelgas, en pleno ejercicio de ellas: en Taxco, demandó la terminación de las relaciones de trabajo por el agotamiento de las minas, dos veces y dos veces perdió, pues el Sindicato exhibió las declaraciones de Larrea en la Bolsa de Valores, contradictorias; en Sombrerete,acudió a demandar dos veces la titularidad del contrato colectivo,usando a la CROC y a un sindicato blanco de Monterrey, ambos sobornados, el primero perdió la votación y el segundo pierde ante la Segunda Sala de la Suprema Corte, pero hasta 2021,negándose siempre Larrea a conciliar la solución de las huelgas. Sin autoridades que lo obliguen a negociar, pues bastaría la supervisión de sus empresas por Hacienda y el SAT.

Para el caso de Cananea, Larrea recurrió al sometimiento cómplice de Felipe Calderón, al nombrar de 2008 a 2010 al abogado particular de Grupo México, al panista Gómez Mont, como secretario de Gobernación, para facilitar la corrupción de autoridades y altos mandos. Así logra, que en un día se desahogue un juicio completo con laudo y sin conocer pruebas, pues solo unaacepta como válida: la inspección “pedida” por Larrea a la Dirección General de Minas, que da fe de hechos de que la mina, en huelga, está imposibilitada de producir por “causas de fuerza mayor”, con lo cual la Junta Federal resuelve dar por terminadas las relaciones de trabajo y Larrea despide “legalmente” a 1200 mineros en 2011. Las demás autoridades de amparo y la misma Suprema Corte, avalaron el laudo la Junta Federal.

Aprovechando el apoyo ilegal de Calderón y Gómez Mont, Grupo México demanda en 2008 la titularidad de 9 contratos colectivos, notificando las autoridades al Sindicato un día antes del recuento de votos, que fue simultáneo en 9 lugares distintos, con el apoyo de las autoridades, las fuerzas armadas y la descarada intervención de las empresas en el asunto sindical. Así, Larrea arrebató las 9 secciones y contratos colectivos ilegalmente y por la fuerza.

De modo total se cierran las puertas de la justicia en México,este es solo un ejemplo del enorme retroceso que sufren los derechos del trabajo y sindicales en manos del neoliberalismo mas burdo, el panista. La Junta Federal ordenó desalojar a los minerosde Cananea el 11 de enero de 2008, por una inexistencia de huelga adelantada y usó al ejército y a la PFP, sin lograrlo, ya que los mineros con bolas de acero rechazaron la agresión oficial. Pero el 6 de junio de 2010, al concluir la Suprema Corte a favor de Larrea-Gómez Mont, llegó el desalojo violento.

En 2011 Larrea puso en marcha contra los mineros su plan de 2008: mete a la CTM Sonora a sustituir al Sindicato Minero, con obreros de Oaxaca y Guerrero y un contrato colectivo de protección patronal y empresas subcontratistas (outsourcing), rebajó salarios de 450 pesos diarios promedio en 2007 del Sindicato Minero, a 150 diarios promedio con la CTM de Sonora,en 2013, y desapareció prestaciones de salud, hospital y otras más. Llegó a ordenar Larrea un letrero al entrar a la mina: “¡¡SE SOLICITA PERSONAL!! ¡¡UNICO REQUISITO!! ¡¡NO SER DE CANANEA!!”, con discriminación y desprecio a la población de Cananea, mientras se enriquecía con la riqueza natural de los terrenos y profundidades de esa zona.

El 6 de agosto de 2014, Grupo México por negligencia patronal provocó el mayor derrame de la historia de basura tóxica, a los ríos Bacanuchi y Sonora, al derramar las presas de jales de la mina de Cananea; obviamente, la saturación de las presas era previsible, para todo dueño atento a los peligros y que cumple con las normas legales preventivas, la lluvia de temporalderramó los tóxicos. Lo que era un peligro previsible no lo atendió la empresa más grande de cobre en México, pues todas las medidas de seguridad son preventivas en la minería.

El gobierno de Peña Nieto fue un cómplice ideal de Larrea, ya que éste aportó dinero a la campaña electoral de Peña, al fraude electoral de 2012 cuando el PRI tuvo que comprar votos para ganar. El daño a las poblaciones de las riveras de los ríos fue brutal para la salud de los pueblos, ya que Larrea se negó hacer la limpieza profunda, pues el derrame contiene metales pesados que siguen en el fondo de los ríos, envenenado la salud de personas, a las que provoca enfermedades.

Cerradas las puertas a la justicia en México para los mineros de Cananea, el Sindicato acudió en 2012 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a solicitar su apoyo y justicia, en los términos del Tratado Internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo primero de la Constitución Mexicana. En 2017 el gobierno de Peña contestó a nombre del Estado con mentiras a la Comisión. Por lo cual en 2021 la CIDH emitió la Admisibilidad del Caso14.575, a la vista de todos en internet. Reconociendo los “Derechos invocados” del Sindicato con los “Derechos declarados admisibles”, así como los hechos alegados por el Sindicato.

Sin embargo, la resolución de la Comisión no fue atendida por la Secretaría del Trabajo ni el gobernador de Sonora. El Plan de Justicia de Luisa Alcalde ignoró la trayectoria de injusticias a las víctimas de Larrea, 14 años de huelga y la Admisibilidad de la CIDH de la OEA, en la reunión con AMLO del 11 de noviembrepasado.

Es cierto, ahora lo principal en México es la reforma eléctrica que impulsa AMLO, el Sindicato Minero lo ha apoyado, pero el personal a su sombra no debe, en un acto de justicia, actuar contra los obreros que en Sonora más han luchado por los derechos humanos en el siglo XXI.  

Todo lo expuesto aquí está documentado en los tribunales aludidos.

*Abogado del Sindicato Minero y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT),  miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).

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