Diputados federales de Movimiento Ciudadano solicitaron que distintas instancias federales revisen varios asuntos relacionados con el manejo de recursos públicos durante la administración del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
La propuesta fue presentada ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y busca que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR) analicen posibles irregularidades en diversos casos que han generado cuestionamientos públicos.
Entre los temas señalados se encuentra la llamada “Casa Azul”, una residencia ubicada en The Woodlands, Houston, Texas, donde habita la familia del exmandatario estatal. De acuerdo con investigaciones periodísticas citadas por los legisladores, la vivienda está valuada en más de un millón de dólares y estaría relacionada con una empresa vinculada a personas que también aparecen relacionadas con Seguritech, compañía que recibió contratos millonarios por parte del Gobierno de Guanajuato durante varios años.
Los legisladores consideran que es necesario aclarar si existió algún conflicto de interés o algún beneficio indebido derivado de la relación entre la empresa y la administración estatal.
Otro de los puntos incluidos en la solicitud es el uso del edificio conocido como G100, ubicado en Puerto Interior. Durante el sexenio de Diego Sinhue, este inmueble fue utilizado como centro de operaciones del gobierno estatal en lugar del tradicional Palacio de Gobierno.
Según la información presentada, por el arrendamiento y mantenimiento de estas oficinas se habrían destinado alrededor de 500 mil pesos mensuales, además de diversos contratos para servicios de alimentos que alcanzaban montos de entre 7 mil 500 y 11 mil 900 pesos por evento.
La petición fue firmada por los diputados federales Ivonne Ortega Pacheco, Juan Zavala Gutiérrez, Pablo Vázquez Ahued y Gibrán Ramírez Reyes, quienes consideran que la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad cómo se ejercieron los recursos públicos durante la pasada administración estatal.
Por su parte, la delegada de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha, señaló que existen temas que continúan sin una explicación definitiva, entre ellos los contratos otorgados a Seguritech y otros proyectos de gran impacto económico.
Además, recordó que también se ha solicitado revisar el proceso mediante el cual fue concesionada la autopista Guanajuato-Silao, al considerar que se trata de un asunto de interés público debido a la importancia económica que representa esa vialidad.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si iniciarán alguna investigación formal derivada de esta solicitud. Sin embargo, el planteamiento de Movimiento Ciudadano busca que se revisen estos casos para determinar si existió o no alguna irregularidad en el uso de recursos públicos durante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
