¿Por qué es importante que Salamanca cuente con Observatorios Ambientales Ciudadanos?
México es uno de los países señalados por violación a los derechos humanos y ambientales, y la información oficial al respecto es sesgada o falsa, restando credibilidad a las instituciones que ha llevado décadas para su edificación, como es el caso de los partidos políticos, las cámaras legislativas y aún las encargadas de la impartición de justicia.
Las administraciones públicas son opacas y suelen caracterizarse por dificultar el acceso a la información e impedir la participación real de la ciudadanía en las decisiones trascendentales de carácter público, su falta de transparencia se debe a la extrema burocratización y a una voluntad a menudo deliberada de mantener a la ciudadanía al margen de la gestión pública.
Por eso vemos muy bien y damos la bienvenida al nuevo Consejo Consultivo Ambiental Municipal de Salamanca (CCAMS), aunque de entrada hemos criticado su composición no eminentemente ciudadana y la laxitud de los estándares de profesionalización demandada en el tema ambiental para los candidatos, sin embargo podemos estar equivocados y los hechos nos dirán cuál es la realidad.
¿Quién va a calificar si están cumpliéndose los niveles que demanda la realidad ambiental salmantina? La respuesta es la apreciación del público, de esa ciudadanía que percibe con los sentidos la calidad de aire que respira, el sabor del agua que bebe y el estado de salud general que disfruta o padece, pero también en el caso de la ciudadanía, hace falta un mínimo de sentido común o de criterio científico elemental para valorar las causas de la realidad que vive o padece.
Es aquí donde surge la necesidad de mejorar la organización social para responder a esa inquietud ciudadana que nos alerta cuando “algo malo está pasando”, ámbito donde se despliega todo el potencial que puede desarrollar una comunidad bien organizada, con el concurso de gente especializada en diferentes aspectos del comportamiento de la naturaleza, de la educación colectiva, en aspectos de salud, de atención a contingencias, en investigación de todos los procesos económicos, ecológicos, sociales y políticos que tienen que ver con fenómenos de cualquier tipo.
Lograr una mejor organización social no es algo que se puede dar por decreto, hace falta poner en marcha un complejo proceso de comunicación, educación e integración de una comunidad en torno a un a un objetivo compartido, es una tarea esencialmente política que corresponde a las máximas autoridades administrativas: planear, integrar y dirigir y que por desgracia no se está atendiendo, por lo que toca a la sociedad civil tomar esa iniciativa.
¿Por dónde iniciar este proceso organizativo de largo plazo? Indudablemente se empieza por la toma de conciencia de cuáles son los problemas más sentidos que aquejan a nuestra comunidad, y eso demanda, además de nuestra percepción, la información calificada que sustente el origen de tales problemas. Por tanto demanda comunicación y educación social y todavía así, queda un largo trecho por recorrer para emprender las acciones preventivas o correctivas del fenómeno causal, lo cual implica decisiones técnicas y económicas propias del ámbito político.
Una ciudadanía informada, debe transformarse en una ciudadanía activa y solo ésta última puede transformar su entorno para hacerlo más digno, más placentero, más saludable. Todo el proceso empieza con una ciudadanía informada y ésta es la función básica de un observatorio ciudadano, informar a la ciudadanía lo que está haciendo la administración pública para atender los problemas más sentidos de inseguridad, educación comunitaria, atención a la salud, infraestructura urbana o cuidado del ambiente.
Tomando en cuenta que el deterioro ambiental es uno de los problemas más graves de la comunidad salmantina, contar con un observatorio ambiental ciudadano es un reto que debe atender la sociedad civil, porque la ciudadanía tiene derecho a participar en asuntos de interés público y los observatorios son organizaciones autónomas de la sociedad civil que promueven la cultura de la participación comunitaria en la vigilancia de la administración pública.
