En medio de esa tragedia, vinieron nuevamente los alegatos gubernamentales.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador elevó la controversia entre el diagnóstico y sus explicaciones que terminaron por criminalizar a las víctimas, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo vio en el tema un ataque político sin dejar de lado las cifras que, para su administración, dan muestras claras de una pacificación que comenzará, según él, este mismo 2021.

Activistas y defensores de derechos humanos, expresaron las contradicciones del estado y la federación, al perderse entre la politización, el deslinde y la estigmatización. Son intentos de diagnóstico y solución frente a víctimas que no pueden esperar para encontrar justicia.

Para los expertos enfocados en seguir el camino de los dolientes, las declaraciones son menos que insuficientes ante la urgencia de resultados.

A partir de agosto, se comenzó con las búsquedas con la coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional.

La FGE reconoce 609 casos de personas aún desaparecidas del 2012 al 30 de noviembre de este año, pero el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el mismo lapso de tiempo indica 2 mil 240 casos abiertos.

En estas búsquedas han logrado el rescate de 79 cuerpos en el predio Rancho Nuevo en el Barrio de San Juan en Salvatierra; 18 bolsas con restos en las inmediaciones de la Presa del Conejo en Irapuato, además de los 45 en la Cañada de Caracheo en Cortazar, confirmados por la FGE.

Todo lo anterior se agrega a las 104 bolsas con restos y los 15 cuerpos en Acámbaro ubicados en 35 fosas. Pese a que estos hallazgos siguen en responsabilidad de la FGE para su investigación e identificación, pero al momento no se ha informado sobre su vinculación con los casos de desaparición de personas.

Hasta el mes de noviembre, Guanajuato registró ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional Seguridad Pública (Sesnsp) un total de 6 mil 700 víctimas de homicidio doloso y culposo. Ese fue el corte que se reveló el 20 de diciembre de 2020, que ya está arriba poco más del 29 por ciento, sobre los datos del 2019. Es decir, por cuarta vez consecutiva el estado más violento del país.

Si nos enfocamos en los asesinatos, fueron 4 mil 190 en los primeros once meses de 2020 de acuerdo a la misma fuente. A estos se agregarían los 293 registrados en diciembre de acuerdo al reporte diario del Informe Nacional de Seguridad, con estos el total absoluto de víctimas sería de 4 mil 483 personas.

Es decir, durante el año asesinaron en promedio a 12.2 personas cada día en Guanajuato.

Este año, Guanajuato se sostiene en las cifras como el estado más violento del país por el número de víctimas, pero también lo es por el número de atrocidades. Así lo visibilizó la organización Causa en Común, dirigida por la académica Ana María Morera, al vislumbrar un saldo de 1 mil 002 víctimas 566 hechos de violencia extrema.

Ya en el desglose por tipo de atrocidad, Guanajuato destaca como el estado que concentra el mayor número de registros de masacres con al menos 176 sucesos que dejaron 686 víctimas.

Este 2021, los hechos hicieron que el ciclo se repitiera en la zona Laja Bajío. Los homicidios dolosos ya recurrentes en una ciudad como León -con una racha sostenida que suma 26 víctimas en 14 días-, Irapuato, Salamanca, Moroleón y Valle de Santiago, se sumaron a una serie de eventos en otros puntos donde el conflicto ya era de por si escabroso: Celaya, Villagrán y Juventino Rosas.

De destacar la masacre del 7 de enero en Celaya, donde once personas fueron asesinadas en Celaya. Nueve de ellas, se encontraban en el velorio de una víctima que había sido asesinada en su domicilio dos días antes; además de las once personas que perdieron la vida en los enfrentamientos suscitados en las comunidades de Santa Rosa de Lima, San Salvador Torrecillas y San Juan de Guanajuato.

A todo esto, el asesinato del diputado local y aspirante a la alcaldía de Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta Cano, terminó por desquiciar esta serie de eventos que dejaron claro el panorama: hay de todo, menos paz.

De abandonos y promesas

La desintegración familiar y el abandono del gobierno de Guanajuato, derivó en que los jóvenes se integraran a grupos del crimen organizado, que ahora mueren en los enfrentamientos armados o desaparecen y son encontrados en fosas clandestinas. Esa fue la conclusión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que pasa en Guanajuato.

Señaló que por mucho tiempo el gobierno estatal de Guanajuato le apostó a la educación privada, dejando de lado la oferta pública para los jóvenes, cuyas condiciones de rezago y desintegración los arrojó a que fueran enganchados por la delincuencia organizada.

Sostuvo que en Guanajuato hay una profunda descomposición social que se fue gestando durante años porque se abandonó a la gente y se permitió el desarrollo de grupos dedicados a la delincuencia.

Pero aquí te dejamos, sin filtro, la exposición de López Obrador:

Diego Sinhue Rodríguez no reparó en las víctimas, para el gobernador las palabras de López Obrador fueron parte de una maquinación política, frente a las elecciones de este año. Incluso lo llamó a no repartir culpas y responsabilizarse de sus obligaciones en la entidad.

Si bien reconoció que la inseguridad en Guanajuato persiste, aún con las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, continúa la lucha del robo de combustible. Contestó en desarrollo e integración social, ya se retomó el modelo de Islandia para la atención de adicciones. No especificó resultados.

Como parte de sus argumentaciones, sostuvo a carta cabal que en su administración ya han alcanzado las 1 mil 500 detenidos, procesados y encarcelados por todo tipo de delitos como homicidios, secuestro, robo de vehículo, que ya se superan los números del sexenio completo de Miguel Márquez Márquez.

Aquí también la declaración completa de Diego Sinhue: