En Guanajuato, el acuerdo no fue aprobado.
El grupo parlamentario del partido MORENA presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a los grupos parlamentarios del PRI, PAN, MC y PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que voten a favor de la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el presidente de la República.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández señaló que en México se cuenta con 110 mil kilómetros de líneas de transmisión y 883 mil kilómetros de redes generales de distribución, que son parte de la nacionalización de la energía eléctrica que se dio en 1960 y que se concretó con la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“En este sentido, podemos ver que los efectos de la nacionalización de la industria eléctrica fueron positivos: a 30 años de la reforma, en 1990, más del 90% de la población ya tenía acceso a la electricidad (hoy estamos por encima del 99%)3. Se pasó del 12% al 90% de la población con acceso a la electricidad en tan solo 3 décadas”, dijo.
Alcaraz Hernández mencionó que la apertura a las concesiones para generar energía eléctrica a empresas privadas significó la disminución del uso de las plantas productivas de generación el uso de plantas productivas de generación energética de la CFE, agregando que eso representó parte del escenario desastroso por el cual atraviesa la Comisión Federal de Electricidad, siendo un claro ejemplo los apagones que imposibilitan o la garantía del derecho humano a la energía eléctrica.
“Hoy en día, debido a esa reforma, tenemos un escenario desastroso en todos los sentidos. Primero, la CFE subsidia y sostiene a los privados: pese a contar con 191 centrales de generación de energía, éstas sólo operan al 55% de su capacidad debido a que está obligada a comprarle electricidad a los privados mediante un sistema de despacho mafioso que se traduce en daños a la hacienda pública”, comentó.
Por lo anterior, expuso que la propuesta de reforma busca incluir el litio y la electricidad como parte de las áreas estratégicas a cargo del sector público, al igual que las modificaciones contemplan el constituir a la CFE como un organismo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional.
“Se reordenará el despacho de energía eléctrica, priorizando las energías más limpias y firmes, es decir, la hidroeléctrica, nuclear y geotérmica. Con esto, se abonará a los objetivos de la transición energética y el combate al cambio climático”, finalizó Alcaraz Hernández.
La obvia resolución fue aprobada.
El diputado Cuauhtémoc Becerra González habló a favor de la propuesta y precisó que la reforma en comento traía muchos beneficios e instó a sus homólogos a informarse de primera mano para terminar con los mitos e ideas mal entendidas.
En ese sentido, refirió que la electricidad debía reconocerse como un área estratégica del Estado por ser un derecho humano que favorece el cumplimiento de otros. Agregó que se proponía rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del despojo que había venido haciendo de ésta; y que hoy por hoy dicha institución era capaz de innovar y adaptarse de mejor manera que el sector privado.
Asimismo, mencionó que los costos de producción del sector privado no eran menores que los de CFE y que era imprescindible que esta reforma eléctrica se aprobara. “Enviaríamos el mensaje de que estamos a favor del derecho humano de la electricidad y de la soberanía de México”, finalizó.
Al ser sometido a votación el punto de acuerdo no fue aprobado y se instruyó su archivo definitivo.
