El gobierno de Donald Trump planea detener a los padres y a otros familiares que las autoridades consideren que hayan introducido a sus hijos de forma ilegal a Estados Unidos, una iniciativa que de acuerdo con los defensores de los migrantes, provocará temor entre las comunidades vulnerables.
Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dijeron el jueves que la nueva “iniciativa” busca identificar y detener a los adultos que ayudaron a menores no acompañados y pagaron a traficantes de personas para cruzar la frontera de Estados Unidos.
Esta iniciativa supone una ruptura importante con respecto a la política del expresidente Barack Obama. Durante su gobierno, miles de menores que huían de la violencia y las drogas en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala y El Salvador, cruzaron la frontera y fueron reubicados con tutores en comunidades de todo el país.
Lo que se buscaba es que los tutores –casi siempre los padres, familiares o amigos de la familia– se hicieran cargo de los menores mientras estos iban a la escuela y buscaban un estatus legal en las cortes migratorias.
“Arrestar a aquellos que se ofrecen a cuidar a menores que están solos durante su proceso migratorio es inimaginablemente cruel”, dijo
Wendy Young, presidente de Kids in Need of Defense, una organización sin fines de lucro que en los últimos ocho años ha provisto, de manera gratuita, abogados a miles de menores. “Si no hay tutores que los puedan ayudar, muchos de estos niños languidecerán en costosos centros de detención o serán enviados a casas de acogida que generarán un gran gasto a los estados”, añadió.
Las autoridades del ICE, por su parte, no respondieron el jueves a las preguntas sobre la cantidad de tutores que se verían afectados o los que ya han sido arrestados, o de qué se les acusará. Defensores de los migrantes dijeron que están investigando tres arrestos en Texas, Nueva Jersey y Virginia.
Los menores de aquellos tutores que sean arrestados serán enviados con otro familiar o guardián verificado, o serán colocados bajo el cuidado de la Oficina de Acomodo de Refugiados, la agencia federal que se encarga de la custodia de los menores que no vienen acompañados, dijo la vocera del ICE, Sarah Rodriguez.
“El ICE busca desmantelar los caminos ilícitos utilizados por las organizaciones trasnacionales del crimen y a los facilitadores del tráfico de personas”, agregó la funcionaria. “Los tutores que dejaron a niños directamente en peligro confiándoselos a organizaciones criminales pagarán las consecuencias”, sentenció.
APENAS INICIA UNA BATALLA LEGAL
Una versión reducida de las restricciones decretadas por el presidente Donald Trump al ingreso a Estados Unidos de personas de seis países, mayoritariamente musulmanes, entró en vigencia, pero se prevé una nueva ronda de disputas legales.
Los defensores de los inmigrantes y refugiados prometen impugnar los nuevos requisitos y el gobierno no ha sabido explicar con claridad de qué manera se favorece la seguridad de Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo que los nuevos criterios son “sumamente restrictivos”, “arbitrarios” y diseñados para “denigrar y condenar a los musulmanes”.
Bajo las normas temporarias, los ciudadanos de Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen que ya tienen visa, podrán viajar a Estados Unidos, pero los solicitantes nuevos deberán demostrar un parentesco cercano o una relación existente con un negocio o una institución educativa en el país.
En Irán, el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dijo que la prohibición constituía “una muestra realmente vergonzosa de hostilidad ciega hacia todos los iraníes”. La medida, dijo, impedirá que abuelas iraníes visiten a sus nietos en Estados Unidos.
La Corte emitirá un fallo definitivo sobre la medida en octubre, pero para entonces ya habrán terminado los 90 días que estará en vigor el veto. Las restricciones para la concesión de los visados afectarán probablemente solo a unas pocas miles de personas. Según el periódico The New York Times, en el año económico de 2015 –que acaba en otoño (boreal)– viajaron unas 20 mil personas procedentes de los países afectados con visa a Estados Unidos, la mayoría de ellos por
estudios o negocios.
Por su parte, el fiscal general de Hawai, Douglas Chin, presentó la noche del jueves un recurso de emergencia ante el tribunal afirmando que las restricciones del veto decretado son excesivas
