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Con un documento firmado por su tesorero y dos de sus subordinados, la Presidenta Municipal, Beatriz Hernández Cruz pretende justificar con un dictamen de adjudicación directa, como excepción a la licitación pública, la compra directa de 22 mil luminarias por 42 millones de pesos que realizó a una empresa sin experiencia en la materia.
El proceso de adquisición, el precio de cada luminaria, incluso el arrendamiento de una camioneta que fue comprada por el mismo proveedor, han sido objeto de señalamientos por su probable ilegalidad. Ya hay dos solicitudes aceptadas para que todo este proceso sea revisado e investigado por la Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
El dictamen de diez páginas en manos de Zona Franca, no incluyó folio o sello alguno de recibido que certifique el 8 de marzo de 2019 como su fecha de expedición, como lo indica al inicio. De ser cierta esta fecha, tan sólo 12 días después, la empresa Soluciones Móviles Hidalgo facturó su primera entrega de luminarias tipo LED por 6 millones 981 mil 817 pesos.
Expertos en materia de responsabilidades así como en iluminación pública, encontraron omisiones elementales dentro de la argumentación expuesta en el documento. Repetidamente se mencionó la inseguridad y la ineficiencia del sistema de alumbrado público, para tratar de justificar la compra, sin datos duros.
El pasado 22 de agosto, el tesorero de Salamanca, Humberto Razo Arteaga, se presentó a una comparecencia solicitada por el Ayuntamiento salmantino. Ahí frente a los ediles aplaudió “la valentía de la alcaldesa de apoyarnos para que este trámite se hiciera lo más pronto, y no nos viéramos vulnerados por acciones que podían tardar en hacer los procesos”.
El tesorero aseguró que un “órgano colegiado” decidió la compra a la empresa hidalguense, de cuatro que recurrieron a ofrecer la venta de luminarias. Ahora se sabe que el dictamen fue únicamente firmado por el propio Razo Arteaga y dos de sus subordinados; el director general de recursos materiales, Carlos Aguilar Ramírez y la jefa de adquisiciones, Georgina González Morales.
Otro dato importante a señalar, es que de las otras tres empresas que habrían sido convocadas para hacer el “estudio de mercado”, sólo una tiene experiencia en la materia y otro resultó ser una persona física que terminó vendiendo sus productos a Soluciones Móviles Hidalgo.
Cabos sueltos y adeudos sin sustentar
El primer antecedente citado en el llamado dictamen, es el oficio DAP/567/2018 que el director de Alumbrado Público, Jorge Gastón Botello Martínez, le envió a Carlos Aguilar Ramírez, como director de Recursos Materiales, para solicitar la contratación del “Suministro e Instalación de veinticuatro mil setecientas lámparas en todo el municipio de Salamanca”.
Sin embargo, en el resto del documento no se explica por qué se decide la compra de 22 mil luminarias y no de 24 mil 700, cantidad que se solicitaba.
Como segundo punto, se afirma que “a partir del 10 de octubre de 2018”, fecha en la que precisamente Beatriz Hernández tomó protesta como alcaldesa, “nos encontramos con aproximadamente 1 mil 500 quejas en materia de alumbrado público a través del Centro Integral de Atención Ciudadana”.
Es decir, de sostener el cálculo de quejas que se exponen como justificación, este correspondería a un 6.8 por ciento del alumbrado.
Con base en el último censo de alumbrado público efectuado por la Comisión Federal de Electricidad, Salamanca contaba con 24 mil 193 lámparas en 2017, que según se consignó representan consumos sumamente elevados, además de altos costos en su mantenimiento y en la gasolina de las unidades utilizadas.
“Incremento considerable de quejas por parte de los ciudadanos debido a la falta de reparación de luminarias, así como aumento constante en la comisión de delitos, debido a la falta de iluminación adecuada en las calles”, señala.
Ante esto, el especialista consultado resaltó que, aunque se trataba del número total de luminarias en Salamanca, no se propuso su sustitución progresiva. Además, si bien la criminalidad se atribuye a las fallas en el alumbrado, no se da un solo dato sobre tal incremento, por lo tanto se trata de una justificación sin validez.
En el tercer antecedente se indica que la situación actual del alumbrado representa un perjuicio a las finanzas del municipio. Incluso llegando a decir que el costo mensual se incrementa de manera recurrente, sin explicar a cuánto asciende ni de qué manera afecta las finanzas del municipio.
En ese mismo antecedente se dice que representa un pasivo importante, no considerado en el presupuesto, lo que salta a la vista pues el presupuesto 2019 lo realizó la actual administración, de manera que es responsabilidad del actual Ayuntamiento. La compra se autorizó con un dictamen de marzo de 2019, cinco meses después de iniciado el trienio.
En el cuarto punto, se indica que es “indispensable la sustitución total de las luminarias” con las que contaba el municipio para cambiarlas por tecnología LED. “Con ello se logrará, entre otras cosas, disminuir la emisión de contaminantes”, además de reducir el número de delitos “provocados por las calles oscuras”.
Se señaló que “detener el endeudamiento excesivo con la CFE”, es una de las razones centrales en el dictamen. El abogado consultado indicó que para establecer que el argumento económico es la causa, se debió realizar un análisis costo-beneficio del proyecto, el cual no aparece, ni se menciona por ningún lado.
La única cantidad que se mencionó es la de una adeuda que comprendería de octubre de 2016 a octubre de 2017, por 17 millones 138 mil 855 pesos, lo cual hace imposible su comparación con el gasto por DAP y con las finanzas municipales. El especialista indicó que se trata de un dato aislado que, si bien es alto, carece de parámetros para determinar su impacto.
En julio el extesorero Héctor Alfaro Montoya, quien estuvo en funciones en el gobierno municipal anterior, negó tajantemente que se hayan dejado adeudos con la CFE. Pues nunca se recibió un oficio donde se informará de un sobreconsumo. Incluso, dijo tener copia de los recibos del 15 de octubre de 2018 donde hay un adeudo de cero pesos.
Dentro de la fundamentación, el documento cita el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se afirma que se trata de un caso de excepción y por tanto la necesidad de hacer una adjudicación directa, “siempre que se compruebe debidamente que están en riesgo el orden social, la salubridad, la seguridad pública y/o el ambiente de alguna zona o región.
También aplicaría cuando de no hacerse esa adjudicación directa, se paralicen los servicios públicos, se trate de programas o acciones de apoyo a la población o se concurra alguna causa similar a las anteriores que sea de interés público.
No obstante, el abogado especialista subrayó que el dictamen, sin establecer de qué manera “se comprobaron debidamente” los supuestos anteriores, determina que se da una causa de fuerza mayor que, de no celebrar el contrato por adjudicación directa, estarían en riesgo, lo cual no está acreditado en ninguna parte del dictamen.
“Estudio de mercado”
Dentro del mismo apartado de las motivaciones y fundamentaciones, se consignó que debido a las afectaciones indicadas en la ley, se determinó la necesidad de celebrar el contrato de adquisiciones de bienes y prestación de servicios, consistente en el suministro e instalación de 22 mil luminarias LED.
“Considerando el mejor precio disponible que en ningún caso, deberá exceder el importe máximo autorizado, en el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019”, se indicó que tras una “investigación de mercado” resultó que la empresa Soluciones Móviles Hidalgo S.A. de C.V. cuenta con la disponibilidad para otorgar el servicio.
Entre los beneficios se indica que el proveedor realizará sin costo adicional para el municipio, “la asesoría para el trámite correspondiente ante la CFE para lograr el ahorro económico esperado”.
Sobre esto, el técnico especializado Juan Manuel Malacara, explicó que la única manera de garantizar ante CFE, que la luminaria dará un ahorro, es la Norma Oficial Mexicana 031 y las pruebas que se realizan a las luminarias en laboratorios certificados. Ahí se demuestra que las lámparas tienen el ahorro que ofrecen. Sin cumplir con la norma oficial, no lo hacen válido.
“Se requiere exigir que las lámparas obtenidas, realmente cumplan con la NOM 031”, puntualizó y agregó que, en todo caso, se debería comprobar el trámite o gestión que dijo ofrecer la empresa.
También se sostiene que el foco LED instalado en el proyecto, tiene modificaciones propias del proveedor, “que brinda una mayor iluminación en comparación con un foco similar existente en el mercado, lo que hace único dicho material y no exista competencia alguna por parte de algún otro proveedor”.
Sin embargo, el especialista recalcó que “primero tendrían que incluir una ficha técnica para ver cuantos lúmenes por watts están ofreciendo sus luminarias. Sólo dice que no existe en el mercado. La realidad es que existen luminarias con mucho mejor flujo lumínico. Todo es cuestión de que den a conocer las fichas técnicas, con las pruebas de laboratorio”.
Se indica que el estudio de mercado se realizó con cuatro entidades privadas. Tulcam S.A. de C.V., cuyos antecedentes solo refieren a una comercializadora de artículos varios, Intelligent Light and Energy Design, único proveedor especializado y cuya información se encuentra en su página web, Soluciones Móviles Hidalgo, que resultó elegida, además de la persona física Anabel López León. Esta última, finalmente se convirtió en proveedora de Soluciones Móviles Hidalgo.
El pasado 22 de julio, Zona Franca documentó la red de proveedores sin experiencia en alumbrado público, que operaron detrás de la empresa hidalguense. Entre estas se encontraba Anabel López León, una pequeña proveedora de material eléctrico que registró su domicilio fiscal en Avenida Universidad número 182 en la colonia Felipe Ángeles en Pachuca, Hidalgo.
En ese lugar, se encuentra un local minorista de iluminación interior y en la fachada tiene rotulada el nombre de Nova Electric. Esta facturó 3 millones 352 mil 562 pesos a Soluciones Móviles Hidalgo en tres exhibiciones; el 25 de marzo, el 23 de abril y el 27 de mayo.
Sobre la decisión de elegir a Soluciones Móviles Hidalgo, se apuntó que es la única empresa que “otorga garantía de dos años por el trabajo a ejecutar”. Sin embargo dos años es un lapso reducido, pues la CFE exige 10 años como mínimo.
“Eso de dos años es muy poco. La Norma 031 exige a los vendedores de LED para alumbrado público, que las garantías sean de 10 años, pero solo ponen dos años. Luego dicen que ningún proveedor ofrece esas características, cuando todos los proveedores especializados y certificados, dan garantía por 10 años”.
El especialista resaltó que una licitación abierta, precisamente se realiza para garantizar que no haya pérdidas para el municipio, incluyendo el estudio de mercado debidamente presentado. “Hubiera sido mucho más segura y se garantiza de que el producto sea de muy buena calidad”.
En la parte final del documento se indica el “criterio de economía, transparencia y honradez”. En este se enuncia que la investigación de mercado se realizó con distintos proveedores, para que el dictamen se emitiera con los elementos que garantizaran imparcialidad, pues la información se solicitó a todos por igual, en tiempo y forma.
“¿Dónde está esa investigación de mercado? ¿Dónde está toda la información técnica que incluso solicitaron a los diferentes participantes? Deben mostrar las fichas técnicas de cada participante para comprobar que hayan comparado manzanas con manzanas”, sentenció Juan Malacara.
El analista especializado concluyó que datos como la marca y modelo de las luminarias, son claves para comprobar su certificación y eficiencia. Otro punto es que la colocación de cada una, debe estar respaldada por la altura y distancia entre cada poste, además del ancho de las calles. Sólo con un estudio técnico y concreto en la materia se puede respaldar.
A continuación, el documento íntegro expedido por el municipio de Salamanca.
Con información de Alfonsina Ávila.
