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¡PRESUNTA CORRUPCIÓN! SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FAVORECE A SU PADRE CON CONTRATOS.

¡Todo queda en familia!  Lidia Becerra cometió presuntos actos de corrupción según la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Lidia Becerra González secretaria del Ayuntamiento de...

¡Todo queda en familia! 

Lidia Becerra cometió presuntos actos de corrupción según la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.


Lidia Becerra González secretaria del Ayuntamiento de Salamanca incurrió en actos que violan la ley al favorecer a su padre con contratos que la Tesorería y la Dirección de Recursos Materiales ocultaron a la Dirección de Transparencia.
Mientras Lidia Becerra era Directora de Asuntos Jurídicos contrató a su papá para que manejara cuestiones notariales de la Presidencia Municipal.

La funcionaria convino como prestador de servicios a su padre, el notario público número 14 mientras era directora de Asuntos Jurídicos en la presente administración e incluso firmó una factura para autorizarle el pago a su progenitor; entonces, esto es un acto de ilegalidad toda vez que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato establece como responsabilidades administrativas graves en el Artículo 52 que: “ Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos”.

Sobre el caso, existe una evidencia otorgada por la Dirección de Transparencia, misma que demuestra que supuestamente la Administración Municipal únicamente ha realizado pagos de 4 mil pesos al Licenciado Emilio Becerra por honorarios de servicios notariales por poderes otorgados por el Síndico Municipal para funcionarios de la misma dirección de asuntos jurídicos. Tal hecho pone de manifiesto una muestra del manejo discrecional que ejercía la Lic. Lidia Becerra al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.


A pesar de que la Tesorería Municipal contestó que únicamente se realizó un pago de 4 mil pesos, trasciende que últimamente este medio recibió una factura emitida por el Lic. Emilio Becerra a favor del Municipio de Salamanca por la cantidad de $246 mil 750 pesos con fecha del 29 de enero de 2019, sincrónico con la fecha en que la actual Secretaria del Ayuntamiento fungía como Directora de Asuntos Jurídicos. Este comprobante según consulta del portal del SAT se encuentra en estatus de vigente no cancelable que en términos sencillos significa que ya fue pagada por el Municipio de Salamanca.

Por lo anterior, se realizó otra solicitud a Transparencia en donde se requirió aclarar esta factura, no obstante, la dirección de Recursos Materiales contestó que después de una “búsqueda minuciosa”, no se encontró ni indicio, lo que puede significar que la administración trata de ocultar este acto de corrupción que ha sido cometido con la complicidad y/o complacencia de funcionarios del más alto nivel directivo de la administración y tácitamente por algunos miembros del Ayuntamiento.

La funcionaria hija del beneficiado Emilio Becerra González tenía el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos desde el día 10 de octubre de 2018, cargo que ostentó por un periodo hasta que en diciembre del 2019 fue nombrada encargada de despacho de la Secretaría del Ayuntamiento y posteriormente corroborada con la misma función, prolongando esa posición hasta la fecha, teniendo bajo sus órdenes y ejerciendo la función de superior jerárquico de la misma Dirección de Asuntos Jurídicos; de tal manera que incurrió en abuso de funciones, así lo marca el artículo 57 de la ley antes mencionada.

El caso anterior también falta al Artículo 58: Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

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