Una de las causas del aumento en el retiro es una mayor presencia militar en labores de seguridad pública, en el contexto del combate al crimen organizado. Según datos de la Sedena, desde 2006 mil 717 militares resultaron heridos por enfrentamientos contra grupos del narcotráfico.
El retiro forzoso a causa de enfermedades, lesiones físicas y mentales se disparó en los últimos 14 años y cubrir las indemnizaciones y haberes de retiro -o pensiones vitalicias- del personal castrense se ha convertido en una pesada carga para el gobierno.
De 2006 a 2020, aumentó 115 % el número de militares que fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) por alguna “incapacidad” (así dice la reglamentación). Las cifras pasaron de 2 mil 133 casos hace 14 años (1,853 de Defensa y 280 de Marina) a 4 mil 589 el año pasado, que incluyen a mil 18 elementos cuyos casos fueron etiquetados como ‘actos fuera de servicio’, según información del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
A la par, el gasto de la Federación en haberes de retiro (pensiones vitalicias) para sus miembros con alguna discapacidad aumentó 268%. En 2020 sumaron 302 millones de pesos.
Pero ese monto es apenas el 2% del gasto total en haberes de retiro de las Fuerzas Armadas que suman en ese lapso 15 mil 120 millones de pesos, donde se incluyen las pensiones al personal en edad para retirarse y de quienes solicitaron su retiro voluntario al cumplir más de 19 años de servicio.
Los abogados especializados en asesorar a personal castrense sostienen que, desde 2006 tanto el Ejército como la Marina han buscado fórmulas -basadas en la ley- para no pagar pensiones vitalicias en los casos de retiro por discapacidad. Una de ellas es clasificar los padecimientos como congénitos o como “actos fuera de servicio”, a los que les corresponde solo una compensación y ninguna prestación posterior.
“La tendencia es a determinar que (las discapacidades) se generaron fuera de actos de servicio, y entonces los militares deben irse a tribunales para que se les reconozca que lo contrajeron en el servicio, en juicios que por lo general gana el Estado”, dice el abogado Germán Reyes, retirado del Ejército hace cuatro años como capitán segundo de Justicia Militar. Ésta es el área que determina la procedencia del retiro.
A pesar de que se buscó más información sobre las causas de bajas y retiros en la Sedena, no hubo respuesta oficial ni cifras. La excusa fue “la veda electoral”, una situación coyuntural pero que poco atañe a las Fuerzas Armadas.
“Yo trato casos penales, pero me empezaron a buscar cada vez más para casos de incapacidad fuera de actos de servicio. Es notorio en ellos que el peor enemigo de los elementos son la propia Sedena y Marina”, agrega César Gutiérrez, abogado militar con más de 20 años de experiencia.
Si bien es un problema creciente, los militares que se retiran por alguna discapacidad, no es un tema que esté en el radar del gobierno a pesar del enorme protagonismo, presupuesto y peso que tienen hoy las Fuerzas Armadas como un socio estratégico en diferentes flancos más allá del terreno de la seguridad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el Comandante en Jefe, les ha sumado tareas extras como la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía, algunos tramos del Tren Maya, la administración de las Aduanas, la distribución de vacunas, el control de migrantes y hasta la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.
Paradójicamente, el mismo gobierno que le preocupa el abuso a los trabajadores por esquemas como el outsourcing, no ha sido el mejor patrón al tolerar violaciones a los derechos laborales de los militares que tanto promueve.
La propia ley del ISSFAM (que regula el retiro del personal castrense) contiene preceptos discriminatorios que vulneran tanto los derechos de las personas con discapacidad así como el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la salud. “La legislación no toma en cuenta los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México es parte”, explica Genaro Madrigal, desde el IFDP.
Los problemas y las injusticias en el retiro de militares surgen en ciertas situaciones que la ley no contempla o por la interpretación que realiza de cada caso el personal militar y los jueces de tribunales administrativos. De esa ‘letra pequeña’ dependen la clasificación de los padecimientos del personal y las situaciones en las que se adquirieron. De esa interpretación de los hechos se determina si a un militar les corresponde o no un haber de retiro (una pensión vitalicia con prestaciones), una compensación o un pago único sin beneficios posteriores.
De toda la escala laboral, los rangos más bajos son los más afectados: la mitad de los 3 mil 571 casos que causaron una baja por actos dentro del servicio en estos 14 años son soldados, cabos y marinos. En contraste, sólo hay 19 generales de división, de brigada y brigadier, que son mandos más altos del escalafón.
Según cálculos del ISSFAM, un soldado raso (el grado inicial dentro de la jerarquía militar) con cinco años de servicio, puede recibir un haber de retiro de 6 mil pesos mensuales por el resto de su vida. En el caso de una compensación (una baja por incapacidad congénita o por un evento fuera de servicio) le tocarían solo 50 mil pesos en una sola exhibición y sin beneficios posteriores. La cantidad en ninguno de los casos sirve para compensar la situación de una persona que, quizás, ya no pueda encontrar otro trabajo.
Al final, las interpretaciones son subjetivas y por lo general limitadas. “Muchas veces quienes resuelven se basan en lo que dice la ley a rajatabla y no tienen la capacidad de analizar todo el problema”, explica el abogado Gutiérrez, quién se convirtió en defensor de militares tras la muerte de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado por presuntos nexos con el narcotráfico. “Es un pleito que he tenido por años. El personal que lleva los procesos de baja y retiro finalmente deciden desde la comodidad de su escritorio”, agrega.
Los abogados consultados que conocen de cerca los juicios militares coincidieron en que en los procesos de retiro por alguna discapacidad, suele salir más favorecido el Estado que los afectados. En 14 años solo 19 miembros del Ejército ganaron un juicio para obtener su haber de retiro y ninguno de la Secretaría de Marina.
INFORMACIÓN DE: ANIMAL POLÍTICO
