Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevó a cabo dos mesas de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Constitución Política estatal.
Iniciativa que busca que el acceso a internet se considere un derecho fundamental.
En la reunión, se señaló que la iniciativa se centra en el derecho de acceso a internet, donde se pretende que se considerare su importancia a la par del derecho a la educación y de la salud por ser un servicio universal que las instituciones nacionales deben garantizar a sus ciudadanos a través de inversiones estatales, políticas, sociales y educativas.
El representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PRODHEG) indicó que el acceso a internet no es un tema de conectividad o de tecnologías y que darle un mayor peso en la Constitución tendría un efecto en el desarrollo de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, acceso a la información pública y el derecho a la educación.
En su intervención, el funcionario de la Coordinación General Jurídica dijo coincidir con el motivo principal de la propuesta por ser ya el internet una herramienta fundamental para el desarrollo de tareas, sin embargo, comentó que existían algunas redacciones que de no cambiarse podrían interponerse a lo establecido por la ley general, además de que tendría un impacto presupuestario que no se incluye.
La diputada Briseida Anabel Magdaleno González expresó que la propuesta cuenta con una normativa que ya se expresa en ciertos artículos de la Constitución Política local, además de que ciertas consideraciones plasmadas tienen competencias a nivel federal, por lo que se sugirió seguir analizando el tema por su relevancia.
Finalmente, la congresista Susana Bermúdez Cano coincidió en seguir con el análisis, con el objeto de atender las observaciones de los demás organismos que asistieron a la mesa de trabajo, donde sobresalió un análisis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la elaboración de un estudio que muestre los impactos presupuestales.
Ampliar los derechos de las mujeres jefas de hogar
Fernando Ávila, asesor del grupo parlamentario del PRI, mencionó que el objeto de la propuesta es ampliar los derechos fundamentales de las mujeres jefas de hogar que realizan trabajo no remunerado, mismo es que constituido por todas las actividades de cuidado del hogar, y comprende a las personas que lo realizan a diario sin recibir retribución o salario.
Consideró que es necesario regular un nuevo paradigma de corresponsabilidad social para las labores domésticas, el cuidado no remunerado, por tal motivo se deben articular políticas sociales y acciones legislativas y económicas con perspectiva de género.
Alberto Estrella Ortega de la PRODHEG manifestó que por su parte establecieron tres observaciones, las cuales tienen que ver con el tema de redacción de la iniciativa, que consideró podía mejorarse técnicamente; en segundo lugar se refirió al contenido, al precisar que el objetivo tendría que centrarse en el tema de situación de pobreza y no si es o no remunerado; y la tercera en relación con la eficacia de ese derecho prestacional encaminado a reducir brechas de desigualdad.
En su intervención, Federico Ruiz Chávez de la Coordinación General Jurídica comentó que coincidían en la importancia de reconocer dichas labores, sin embargo, el sistema normativo vigente ya permite el desarrollo pretendido, incluso en un nivel más amplio que el previsto en la iniciativa.
Anabel Pulido López, titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense, señaló los marcos e instrumentos normativos con los que cuenta la entidad para garantizar y asegurar las condiciones para el desarrollo pleno e igualitario, así como el acceso a programas sociales de las mujeres.
Asimismo, externó su preocupación de que, al llevar a cabo dicha reforma legislativa, quede mermado el alcance de los derechos que deben tener las mujeres pues, dijo, se posiciona a las mujeres como víctimas de violencia económica; y se tenía que revisar no dejar de lado a otras mujeres que no presenten las características que contiene la propuesta.
En su intervención, la diputada Susana Bermúdez Cano refirió que se busca un beneficio sin estereotipos hacia un género, buscando que se haga un equipo para el trabajo del hogar dentro de un equilibrio entre hombres y mujeres por lo que indicó que, al establecer en la Constitución algo con una etiqueta, se estaría rompiendo con el trabajo que se ha realizado de igualdad en las labores del hogar.
Finalmente, Bermúdez Cano precisó que el trabajo no remunerado del que se habla generaría discriminación, pues dejarían fuera a diversas mujeres, por lo que instruyó la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo.
En la reunión estuvieron las diputadas Susana Bermúdez Cano y Briseida Anabel Magdaleno González, así como el diputado Gerardo Fernández Martínez. También asistieron asesores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PVEM; Anabel Pulido López, titular del Instituto de la Mujer Guanajuatense y representantes de la Coordinación General Jurídica y de la Procuraduría de Derechos Humanos.
