El Pleno del Congreso autorizó a los municipios de Celaya, Salamanca y Acámbaro la contratación de un crédito a fin de destinarlo a financiar diversos proyectos de inversión pública productiva, así como a los municipios de Manuel Doblado y Yuriria para destinarlo a la adquisición de maquinaria y a la realización de diversas obras de pavimentación.
Créditos aprobados
| Municipio | Monto |
| Celaya | $350,000,000.00 |
| Salamanca | $100,000,000.00 |
| Acámbaro | $34,000,000.00 |
| Manuel Doblado | $12,000,000.00 |
| Yuriria | $15,372,542.30 |
Al someter a votación el dictamen en lo general de la iniciativa presentada por el municipio de Celaya para solicitar la autorización del crédito, el diputado David Alejandro Landeros de la representación de Morena, hizo uso de la voz para hablar en contra.
Consideró que la justificación del crédito es confuso, por lo que no es viable su aprobación y requiere de un análisis mayor. “Si aceptamos, el recurso destinado pretende salir de un programa estatal destinado atender deficiencias de infraestructura y servicios básicos en zonas vulnerables; sin embargo este programa ha tenido serias acusaciones, entre ellas la malversación de fondos y la no comprobación de gastos”.
Por su parte los diputados Isidoro Bazaldúa Lugo y Jesús Gerardo Silva Campos hablaron a favor de la autorización del crédito. El diputado Bazaldúa Lugo refirió que al momento de analizar la propuesta encontraron beneficios que impactarán en la sociedad, además de que el municipio necesita un impulso para mejorar los cimientos quebrantados por la falta de cohesión social, esto luego de la reducción de su presupuesto. “Nuestro voto es a favor, pero será condicionado pues seremos vigilantes estrictos de que este presupuesto no sea utilizado con fines electoreros”.
En su intervención, el diputado Gerardo Silva Campos exhortó a las administraciones municipales a que sean escrupulosas en el manejo de los recursos que en breve tendrán y que los usen de manera transparente en las obras en que se han comprometido a hacer. “Esto genera responsabilidad en diferentes ámbitos, estaremos vigilantes y pendientes del ejercicio de estos recursos públicos”.
En la votación en lo particular del dictamen, la diputada Elvira Paniagua Rodríguez propuso la adición de un artículo quinto en el que se autoriza al Ejecutivo del Estado para que sea deudor subsidiario de las obligaciones crediticias de Celaya, y pueda afectar las participaciones federales que le correspondan a este municipio para cumplir con tales obligaciones.
Respecto a la autorización del crédito a Acámbaro, los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba y Jesús Gerardo Silva Campos hablaron a favor del dictamen. El legislador Éctor Jaime Ramírez Barba destacó que con el recurso aprobado se podrá ayudar a las personas que viven en alta marginación, además subrayó que estarán pendientes del adecuado manejo que se le dé al recurso “Hago votos para que esta cantidad que se le está dando a Acámbaro tenga el efecto multiplicador y que la gente pueda tener los estándares básicos de educación y salud”.
El diputado Gerardo Silva Campos expuso que Acámbaro cuenta con 92 comunidades rurales y 60 colonias, las cuales tienen necesidades que requieren de atención inmediata. “En un acto de solidaridad y congruencia con los municipios que requieren de sacar adelante los compromisos que tienen, estamos a favor, siempre y cuando se le dé un uso adecuado al recurso”.
En otro punto de la orden del día, se aprobó la reforma a diversos ordenamientos que permiten la armonización de las referencias sobre el salario mínimo para que queden como Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo se avaló la respuesta que se remitirá a la Secretaría de Gobernación, con motivo del Foro Regional para el Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). De igual forma se aprobó el informe de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y transferencias y ajustes presupuestales del Congreso del Estado (periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2016).
Por otra parte se aprobó una reforma al artículo 4 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, en materia del impuesto predial; así como una modificación de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato que establece los cobros correspondientes a los derechos por servicios de movilidad en materia de tránsito y transporte.
La Asamblea también autorizó al Gobernador, para que a través del ISSEG, enajene a título oneroso dos bienes inmuebles propiedad de dicho Instituto, ubicados en los municipios de León y San Miguel de Allende, además de la enajenación mediante compra venta dos bienes inmuebles propiedad de dicho Instituto, ubicados en el municipio de Silao de la Victoria.
Finalmente se modificó la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato para armonizarla con la Ley General de Educación en materia del calendario escolar.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Leticia Villegas Nava manifestó que con esta modificación será posible emplear el calendario escolar como un recurso flexible y variable que responderá a las demandas y necesidades educativas de cada centro escolar, además de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y complementar las facultades que la Ley General de Educación concede a los Consejos Escolares de Participación Social para opinar en torno a los ajustes en el calendario escolar.
Trámites:
En la misma sesión se turnó a la Comisión de Atención al Migrante para su estudio y dictamen, el punto de acuerdo que presentó el Grupo Parlamentario del PAN, a efecto de que la Asamblea exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que realice las acciones idóneas que permitan a los guanajuatenses que radican en los Estados Unidos de América el reconocimiento de los derechos humanos de identidad y nacionalidad, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
También se dio cuenta con los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas a diversos organismos, así como a las auditorías de obra pública practicadas a la Secretaría de Obra Pública. Los informes se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
