En Salamanca cada vez son más las quejas de ciudadanos que aseguran haber sido bloqueados en páginas oficiales del gobierno municipal y en perfiles de funcionarios públicos.

De acuerdo con los propios afectados, basta con hacer una crítica o comentario incómodo para que ya no puedan ver publicaciones, opinar o enterarse de la información que difunden las autoridades.

«Uno puede hacer uso de las plataformas ¿por qué la negativa de restringir? Como dijo Juanga lo que se ve no se oculta todos sabemos la situación en Salamanca, creo que callar a los ciudadanos es por miedo», señaló ciudadano.

Esto ha generado molestia, ya que las redes sociales del gobierno no son cuentas personales, sino espacios donde se informa a la ciudadanía sobre temas públicos.

«Si no quiere que comenten sobre de su trabajo para que se lanzo de servidor público», expresaron.

Además, este tipo de acciones podrían ser ilegales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los funcionarios no pueden bloquear a ciudadanos solo por opinar o criticar, ya que eso viola derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información.

Es decir, aunque sean redes sociales, cuando se usan para informar como autoridad, deben estar abiertas para todos.

De acuerdo con la ley, este tipo de acciones no son menores. Cuando un funcionario público bloquea a ciudadanos en redes oficiales, puede incurrir en faltas administrativas por el uso indebido de sus funciones.

Las sanciones pueden ir desde una amonestación, que es un llamado de atención formal, hasta medidas más severas como la suspensión del cargo, donde el funcionario es separado temporalmente de su puesto sin goce de sueldo.

También se pueden aplicar multas económicas, dependiendo de la gravedad del caso, e incluso la inhabilitación, que le impediría ocupar cargos públicos por un periodo determinado.

La sanción depende de factores como la gravedad de la conducta, si hubo reincidencia y el número de personas afectadas.

Por ello, lo que para algunos podría parecer una simple acción en redes sociales, en realidad puede convertirse en un tema legal serio, con consecuencias directas para los servidores públicos involucrados.

En Salamanca, la situación ha causado inconformidad, ya que muchos consideran que se está utilizando el bloqueo como una forma de evitar críticas, en lugar de atenderlas.