Sin duda, el fiscal debe irse ya por la falta de resultados y su omisión para combatir al crimen organizado, pero también porque una permanencia de 12 años en el poder, y los siete que aún le faltan, no son sanos en ninguna institución pública.
Pero, ¿quién le pedirá que se vaya? En Guanajuato, ningún poder se atreve y utilizan como pretexto la autonomía de la Fiscalía. Las familias de víctimas y organizaciones de la sociedad civil son las únicas que lo enfrentan y exigen rendición de cuentas. Hasta el momento, el presidente ha limitado su acción a declaraciones incendiarias, y parece muy difícil una intervención federal.
Así, será el gobernador quien defina si en verdad quiere asumir responsabilidad plena para atender la conflictiva situación que vive el estado o seguirá al margen. La decisión que se tome sobre la continuidad o no de Zamarripa es el gran pendiente para poder combatir la violencia que arrasa con nuestra entidad.
*reportera del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLabMx) en Guanajuato, México.
Fuente: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/05/13/guanajuato- fiscal-carlos-zamarripa-homicidios-violencia/