Una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato contempla nuevas obligaciones para quienes conducen motocicletas menores a 250 centímetros cúbicos: deberán portar en la parte trasera del casco protector el número de placa del vehículo que manejan, en material reflejante y perfectamente visible tanto de día como de noche.
Esta medida aplicaría tanto para conductores como para acompañantes, y entraría en vigor el 1 de enero de 2026, en caso de ser aprobada por el Pleno del Congreso local este jueves. El dictamen ya fue avalado el pasado viernes por la Comisión de Seguridad y Comunicaciones.
El artículo primero transitorio del documento establece la fecha de inicio, mientras que el segundo otorga un plazo de 90 días hábiles, a partir de su publicación, para que autoridades estatales y municipales realicen los ajustes normativos y reglamentarios necesarios.
Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) será el encargado de emitir las disposiciones administrativas que permitan distribuir las calcomanías necesarias a los propietarios y poseedores legales de motocicletas que estén registradas al momento de la entrada en vigor del decreto.
En las consideraciones del dictamen, se argumenta que el uso de motocicletas ha sido aprovechado por el crimen organizado para la comisión de delitos, debido a su facilidad de movilidad. Un ejemplo alarmante es el caso del municipio de León, donde se estima que durante 2024 el 70% de los delitos registrados involucraron una motocicleta. También se señala que estos vehículos son utilizados para labores de vigilancia por parte de grupos criminales, conocidos como “halcones”.
No obstante, la propuesta ha generado opiniones encontradas. Ayuntamientos como León y Cortazar, así como la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, han manifestado su inconformidad. Consideran que esta disposición puede derivar en la estigmatización de los motociclistas y en una segmentación discriminatoria hacia este sector. Advierten que el problema no radica en el vehículo ni en quien lo conduce, y que la delincuencia siempre encontrará formas de adaptarse a nuevas restricciones.
La decisión final será tomada por el Congreso local en la próxima sesión. Mientras tanto, el debate continúa entre seguridad pública y los derechos de quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte.
