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Demandan a EU por detención de menores indocumentados

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York culpa a los cambios recientes en la política de la administración estadunidense por mantener a los menores detenidos sin causa

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés) demandó este martes a funcionarios del Gobierno de Donald Trump por lo que describió como la detención prolongada de niños inmigrantes.

Culparon a los cambios recientes en la política de la administración estadunidense por mantener a los menores detenidos sin causa.

NYCLU, que presentó la demanda en la corte federal de Manhattan, busca representar a una categoría de niños bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) en Nueva York; el grupo dijo que probablemente había al menos 40 de esos niños.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la agencia matriz de la ORR, no quiso hacer declaraciones.

Trump convirtió la reducción de la inmigración y la deportación de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos en una piedra angular de su agenda.

La mayoría de los niños bajo la custodia de la ORR fueron arrestados por las autoridades de inmigración luego de ingresar ilegalmente al país sin un adulto.

Según la ley federal, se supone que los niños con familiares u otros adultos en territorio estadunidense que están calificados para cuidarlos deberían ser liberados de custodia mientras se resuelven sus casos.

El demandante principal en el caso es un menor de 17 años, identificado en la acción como L.V.M.; quien llegó a EU desde El Salvador con su madre y su hermano en el 2016 huyendo de la violencia de pandillas, y la familia solicitó asilo, conforme a NYCLU.

Según el requerimiento, L.V.M. fue removido de su hogar en Long Island por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en julio del 2017 y detenido, como muestran informes de la policía que indicaban que estaba involucrado con la pandilla MS-13, NYCLU emitió que eso es falso.

L.V.M. permanece bajo custodia de la ORR unos siete meses después, a pesar de que un juez de inmigración y un supervisor local de la ORR determinaron que no representa una amenaza.

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